Aragonès exige una amnistía «urgente» para los presos del 1-O

Así, el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), señaló en un apunte en su cuenta de Twitter que los autos del Supremo son «un insulto a todos los demócratas». Y añadió que, desde su punto de vista, los nueve condenados están siendo «castigados por una Justicia carcomida, vieja y caduca por el simple hecho de defender sus ideas».

Precisamente, el Supremo, en los fundamentos de derecho de sus autos conocidos ayer, señala que ninguno de los condenados en la causa del «procés» (nueve por sedición y otros tres por desobediencia) lo son «por perseguir la independencia de Cataluña» , pues el sistema constitucional español «ampara y protege su ideología, aunque esta atente a los pilares del sistema». Y añade que «nadie cumple condena en un centro penitenciario (en España) por sus ideas políticas». Hasta tal punto es así que, en el auto de anulación de la semilibertad de Oriol Junqueras, el Alto Tribunal utiliza como ejemplo de esta «obviedad» al propio Aragonès, pues siendo del mismo partido que Junqueras y, por lo tanto, con la misma ideología que este, es actualmente el presidente de la Generalitat.

En cualquier caso, Aragonès reiteró el mensaje que el movimiento independentista viene lanzando desde hace meses: «¡La amnistía para todos los represaliados es urgente!».

Por su parte, Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento de Cataluña, también reaccionó cargando contra los tribunales, a los que acusó de firmar unos autos que son «pura venganza» y definió como «enemigos del diálogo», en un indisimulado ejemplo de mezclar una decisión judicial con la acción política . Respecto a esta segunda vía, insistió en que el Gobierno de España debe impulsar de inmediato una amnistía que limpie el expediente penal de los condenados. Una iniciativa que según la mayoría de los expertos que se ha pronunciado sobre este asunto, desde que el independentismo lo planteó, considera que no tiene encaje legal en la Constitución.

En esta línea, desde sus cuentas de Twitter, los líderes del «procés» condenados por el 1-O, así como otros dirigentes secesionistas, también lamentaron la decisión del Supremo con el concepto «venganza» como común denominador. «El Tribunal Supremo dicta venganza de nuevo», señaló Junqueras , al que le siguió Carles Puigdemont (Junts), expresidente autonómico, fugado de la Justicia y eurodiputado, quien añadió que no hay novedades en la «hoja de ruta del unionismo».

Otro concepto utilizado por los reos de la prisión de Lledoners (Barcelona) y Puigdemont fue el de «escarmiento». «El escarmiento, la venganza del Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no dejan ningún margen para las sorpresas», escribió Jordi Turull (Junts) en su cuenta de la citada red social de internet. Una reacción similar a la que expresó Josep Rull (Junts), exconsejero autonómico como Turull, quien afirmó que, en su opinión, al Tribunal Supremo no le preocupa «ni la Justicia ni los derechos civiles, solo el escarmiento».

«La revocación del tercer grado es un castigo político, por nuestra ideología. Cada día que pasa, el Estado de Derecho se hace pedazos un poco más», añadió Rull.

Igualmente, la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Dolors Bassa valoró por la mañana la decisión judicial en la emisora de radio RAC1. Allí, desveló que tanto ella como Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento autonómico condenada por sedición, ambas de ERC, salieron por la mañana de sus prisiones (en Figueras y Barcelona, respectivamente) y que tras hacerse públicos los autos no sabía si tendrían que regresar a las cárceles o gozar del tercer grado penitenciario que, a esas horas, ya había suspendido el Supremo. Por la tarde, los responsables de las prisiones se comunicaron con ambas para que reingresaran. Lo hicieron a última hora.

También desde la CUP se definió la decisión judicial del Supremo como una «venganza». El diputado regional Vidal Aragonés indicó que se trata de una «persecución ideológica» y «una nueva actuación represiva de los aparatos del Estado», que representa, en su opinión, «una forma de venganza política».