La Fiscalía pide investigar a Artur Mas por gastar más de 5 millones de euros en el 9-N

En un escrito hecho público este viernes, la Fiscalía pide a la Comisión de Gobierno del Tribunal la designación de un Delegado Instructor que investigue el uso del dinero público, sumándose así a la petición que el pasado 18 de mayo le habían dirigido la Societat Civil Catalana (SSC), la Asociación Cívica y Cultural y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución -colectivos contrarios al desafío secesionista-, en la que denunciaban que «el archivo de la causa penal seguida contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no los exime de que tengan que responder por su responsabilidad contable y presupuestaria».

En su informe, el Ministerio Fiscal señala que «dichos responsables dispusieron de fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria, y destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas».

La Fiscalía explica que ordenaron a los funcionarios que tenían subordinados el empleo de caudales por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en «franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional».

De esto monto total, 14.837, 60 euros se habrían destinado a la creación de una página web; 70.532,08 euros a la fabricación y transporte del material empleado en la votación; 2.800.735,13 euros a la compra de ordenadores; 828.171,42 euros a la campaña de publicidad institucional; 1.106.185, 77 euros a labores de apoyo informático; 307.962,71 euros al envío de información; y 1.409, 26 euros al seguro de los voluntarios.

El Ministerio Público señala que de conformidad con las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los exdirigentes pudieron incurrir en malversación contable –concepto que es independiente del delito de malversación de caudales públicos acuñado por el derecho penal-, pero que genera la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Generalitat.

Cabe señalar que tanto Mas como Ortega y Rigau fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ-C) el pasado día 13 de marzo a la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia, -después de desoir la prohibición del Constitucional-, si bien fueron absueltos del delito de prevaricación. Al igual que ellos Homs, aunque debido a su condición de diputado fue el Tribunal Supremo el que le impuso la condena.