La Fiscalía, a la espera para solicitar la suspensión de actividades de Manos Limpias y Ausbanc

Sobre estas medidas, que podrían ser la imputación de las organizaciones como personas jurídicas y/o la suspensión de sus actividades, debería decidir después el juez Santiago Pedraz, el instructor del caso, quien envió a prisión sin condiciones a los máximos responsables de ambas, Miguel Bernad y Luis Pineda.

La suspensión de las actividades, una decisión que sería una medida cautelar destinada a evitar que Manos Limpias y Ausbanc entorpecieran la investigación, podría comprometer la presencia de Manos Limpias en los numerosos procesos judiciales en los que está presente. El juez, en cualquier caso, no puede acordar esta medida de oficio. De ahí la importancia de la posición de la Fiscalía .

Ante el magistrado están citados esta semana los nueve arrestados que quedaron libres tras declarar ante la Policía. Los seis que durmieron en dependencias policiales (los miembros más relevantes de la trama de extorsión, entre ellos Pineda y Bernad), ya comparecieron ante el juez tras ser llevados a la Audiencia Nacional por los agentes. La Policía también registró las sedes de las dos organizaciones y el domicilio de los principales implicados.

Ayer, declararon los tres primeros: Isabel Medrano, jefa de publicidad de Ausbanc, Luis Suárez, director de publicaciones, y María Manuela Mateo, jefa de los servicios jurídicos. Señalaron ante el juez al presidente de Ausbanc, Pineda, considerado el cabecilla de la trama de extorsión. Los tres, piezas menores en la supuesta estructura criminal , aseguraron que las gestiones para obtener acuerdos con los bancos, a los que se coaccionaba, eran de Pineda.

Para ellos, la Fiscalía solicitó la retirada del pasaporte y su comparecencia cada quince días en el juzgado, medidas cautelares que buscan evitar que torpedeen la investigación. Los seis investigados restantes comparecen entre este miércoles y jueves.

Los investigadores consideran que Manos Limpias y Ausbanc extorsionaron a bancos, entidades y personas a cambio de ventajosos acuerdos publicitarios, amenazas de acciones penales o la promesa de retirarse de ellas. Estas coacciones alcanzaron a la Infanta Cristina, acusada por Manos Limpias como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el caso Nóos. La trama de extorsión ofreció retirar la acusación a cambio de 3 millones de euros.