La Fiscalía considera a Aguirre la impulsora de la financiación ilegal del PP de Madrid

Por ello, y según ha podido saber ABC en fuentes de la investigación, Anticorrupción pide al juez la imputación de Aguirre por los delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral , además de los que puedan añadirse más adelante. Siete delitos de corrupción que atacan la gestión de la política popular, que presidió la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012.

Anticorrupción considera que el impulso del entramado sospechoso para la financiación de la formación correspondió a Aguirre, según las citadas fuentes, que explican que la expresidenta madrileña era a la vez la responsable del partido en la región, la candidata de las campañas investigadas, la cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos a la contabilidad oficial, y la presidenta y patrona de la Fundación Fundescam , uno de los supuestos instrumentos para canalizar el desvío de los fondos.

La Fiscalía contradice la coartada habitual de la antigua dirigente y deja claro que la contabilidad B del PP de Madrid no pudo existir sin su conocimiento . Su cargo de presidenta del PPCM (Partido Popular de la Comunidad de Madrid) la convertía en conocedora y partícipe de todo lo que sucedía en la formación política, lo que suponía que ella conociera el origen de los fondos que sufragaban las campañas sospechosas y sus destinos.

Según el Ministerio Público, todo comenzó cuando Aguirré accedió al poder, en 2003. En ese momento, los antiguos dirigentes de la formación regional habrían elaborado un plan para obtener financiación para el partido , considera la acusación pública, que cree que el método fue emplear la partida de la publicidad para desviar dinero público a través de las adjudicaciones de las consejerías regionales. Las licitaciones habrían beneficiado al empresario investigado Horacio Mercado, quien había sido el proveedor de confianza en la campaña regional de 2003, en la que Aguirre venció en Madrid. Mercado es un empresario que habría aportado sus firmas para dar cobertura al desvío de fondos, a través de facturas falsas, sospechan los investigadores de la causa de corrupción.

La comparecencia de Aguirre es necesaria , según los investigadores, para que rinda cuentas por el desvío continuado de fondos públicos desde las Consejerías de Transporte y Presidencia de la CAM (2003-2011), por el amaño de partidas de publicidad desde las diversas consejerías (2005-2010), por el desvío de fondos desde las subvenciones a Fundescam (2007-2011), y a través de las contrataciones de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y del Canal de Isabel II (2011-2014).

Aguirre dejó el gobierno autonómico en 2012 , pero continuó como presidenta del PP de Madrid hasta 2016.

Además, ella habría autorizado presuntamente al antiguo gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez , a poner en marcha una continuada dinámica de falsedad electoral en la contabilidad de tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, y los actos organizados por el PPCM para las generales de 2008. La Guardia Civil calcula que el partido e mpleó en dichos comicios más de 5 millones de euros de dinero negro , gastando sistemáticamente más de lo declarado ante la cámara y el tribunal de cuentas.

Anticorrupción también pidió ayer la imputación en la misma causa de Cristina Cifuentes e Ignacio González , los exconsejeros regionales Juan José Güemes y Manuel Lamela , el expresidente de Indra y actual presidente de Prisa, Javier Monzón , y la propia empresa tecnológica Indra . Los tres expresidentes madrileños encadenaron sus respectivos mandatos entre 2003 y 2018.

A González, sucesor de Aguirre, le atribuye delitos continuados de cohecho, malversación agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación, organización criminal y falsedad electoral.

La decisión la tiene ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón , el investigador del caso Púnica, una red de corrupción local y regional liderada según los investigadores por Francisco Granados. Es la primera ocasión en la que Anticorrupción solicita la imputación de Aguirre.

Las diligencias solicitadas se enmarcan en una batería de medidas reclamadas por Anticorrupción para impulsar la investigación de las diversas ramas de la Púnica , con la finalidad de «simplificar e impulsar el procedimiento» y acercar la llegada de los juicios. El Ministerio Público propone una reordenación de la causa, en la actualidad organizada en 16 piezas separadas , a través de once ramas.