La Fiscalía acusa a «los Jordis» de llamar a la desconexión «forzosa» de Cataluña desde prisión

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En el escrito de oposición a su recurso, la Fiscalía rebate todos los argumentos expuestos por los dos investigados. El Ministerio Público insiste en que la congregación de personas ante las sedes de la Generalitat registradas el pasado 20 de septiembre no fue una manifestación «pacífica y festiva», como alegaron «los Jordis». Según la Fiscalía, la concentración de independentistas que acosó a la Guardia Civil fue «un tumulto claramente hostil, todo en una actuación preparada y orquestada hasta consumar el referéndum del día 1 de octubre», la votación independentista suspendida por el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional existe porque el objetivo último del asedio era empujar hacia la independencia por las vías ilegales , lo que supone un intento de alterar la forma de Gobierno por métodos fuera de la ley, cuya investigación le corresponde a dicho tribunal. El delito de sedición castiga a aquellos que intentan con la fuerza impedir la actuación de los agentes policiales y judiciales en el normal desarrollo de sus funciones. Los guardias civiles cumplían la orden del juzgado de instrucción numero 13 de Barcelona en una operación para desactivar la organización del referéndum.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó el ingreso en prisión preventiva de ambos investigados tras interrogarles. La magistrada aprecia que existe riesgo de que se fuguen, de que destruyan pruebas y de que reiteren en el delito. La juez considera que ambos forman parte de un comité estratégico del plan independentista, empeñado en empujar hacia la independencia por las vías ilegales, y recuerda que ambos movilizaron a las masas para acudir a votar en el referéndum independentista suspendido.

El Ministerio Público también rebate la tesis de Sánchez y Cuixart, que se negaron a declarar (salvo Sánchez a su propio abogado), y explica que los indicios acumulados contra ellos provienen de diversas fuentes, como el testimonio de los testigos, las manifestaciones de los otros imputados (el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana ), así como la documentación aportada a la causa y los mensajes publicados por ambos en la red social Twitter. Según los investigadores, los dos controlaron la movilización del 20 de septiembre, sin esforzarse en facilitar la labor de los agentes.

Según la investigación, se llegaron a juntar 40.000 personas en la concentración . Los manifestantes lograron retrasar la salida de los guardias civiles de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, algunos hasta las siete de la mañana del día siguiente, y destrozaron tres vehículos oficiales. La letrada de la administración de justicia de la comitiva judicial tuvo que salir por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro cercano para abandonar el lugar. Los Mossos no dispersaron a la masa hasta que el juez lo ordenó, a pesar de las reiteradas peticiones de colaboración de los agentes policiales durante el día.