Examen a la autoevaluación del Gobierno: «Es una maniobra de marketing político, así de claro»

«No me parece mal, objetivamente hablando, que un Gobierno de coalición haga esto. Otra cosa es cómo se realiza», arranca José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), quien remarca que se trata de una técnica más propia de un sistema de corte presidencialista que del español a la vez que lamenta que las preguntas sobre las que realizar el análisis las formulen terceros en lugar de, por ejemplo, los diputados. «En un sistema parlamentarista, este balance se tiene que hacer en el Congreso, que es donde tiene que responder el presidente del Gobierno», remarca Vera, quien critica, de igual modo, que la oposición haya renunciado a controlar al Ejecutivo al otorgarle a Sánchez seis meses de tregua a la hora de informar sobre el estado de alarma: «Técnicamente, en un sistema como el nuestro, se puede entender como un desprecio al Parlamento , que es ante quien debería responder; pero la oposición se lo ha puesto fácil».

A Carlos Barrera, profesor de Comunicación Electoral en la Universidad de Navarra, no le ha sorprendido que Moncloa vendiera como algo excepcional este balance, elaborado en última instancia por un departamento del gabinete de Presidencia, que dirige Iván Redondo, después de que un comité de expertos diseñara la metodología para realizar el examen. «A estas alturas de la temporada política es algo que no debería sorprendernos. Ya conocemos los modos de hacer o funcionar del Gobierno, sobre todo de quien maneja los hilos de la comunicación», ironiza Barrera. El profesor estima que con esta maniobra, desde el Ejecutivo «pretenden dar una especie de pátina de evaluación externa, que siempre queda más independiente».

«Coger a determinadas personas, expertos, le da legitimidad, está bien montado», respalda Vera, quien pone el acento, sin embargo, en que la elección de los investigadores para diseñar la metodología debe ser muy fina y plural para que el ejercicio sea provechoso. « Si todos son de la misma pata, no parece que aporte demasiado », añade el catedrático. Barrera indica, por su parte, que el sistema ya tiene elementos que pueden decidir cómo evaluar de forma independiente la labor realizada por el Ejecutivo sin necesidad de recurrir a terceros con mayor o menor sintonía con los partidos que lo lideran. «Es una maniobra de marketing político, así de claro», sintetiza el profesor de la Universidad de Navarra, quien considera que el control de la gestión gubernamental lo pueden llevar a cabo «los medios de comunicación».

Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, añade otro factor, el cualitativo, que cuestiona el valor real de la autoevaluación que ha llevado a cabo hoy Sánchez. « Carece de toda utilidad saber que el Ejecutivo ha cumplido un 23,4 % de sus compromisos si se mete en la misma bolsa, por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la extensión del 4G en la provincia de Teruel», manifiesta Flores, que va un paso más allá: «Faltaría incluir la valoración de si los compromisos ejecutados por el Gobierno son buenos para la sociedad, o crean bienestar o concordia, y eso no lo hace este informe».

Acto seguido, pone un ejemplo de las lagunas que tiene un ejercicio cuantitativo de este tipo: «El Gobierno puede plantearse como un objetivo aprobar unos Presupuestos. Y lo ha hecho, pero hay que ver el contenido de esos Presupuestos, su plausibilidad, los pactos que se han tenido que fraguar para ello. Y eso son valoraciones políticas que no va hacer un técnico. El técnico te va a decir, por ejemplo, que tenías que sacar una ley de Eutanasia en virtud de tus compromisos. Y lo has hecho, correcto, pero habrá que ver el contenido de esa ley o las consecuencias morales que tiene».

De igual modo, Flores contraviene a Moncloa cuando dice que los expertos diseñaron el examen con el que el Gobierno se ha autoevaluado no cobraron por realizar este encargo. «No cobrarán directamente del Gobierno por realizar esa tarea, pero sí cobran de sus universidades por trabajar todos los meses. Lo pagarán las universidades, que les pagan sus nóminas ya que, en lugar de hacer otras cosas, estos expertos han estado haciendo esto. Salvo que lo hayan hecho el día 24 por la noche en lugar de cenar con sus familias», ironiza el catedrático, quien coincide con sus colegas en que el objetivo del Gobierno al dar publicidad a este nuevo comité de expertos no es otro que «darle una pátina de legitimidad» a la tradicional evaluación de fin de año del Ejecutivo.