Así son las estructuras de Estado que Puigdemont planeó para la Cataluña independiente

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Para esa situación habían previsto en un primer momento recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, querían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas .

Los documentos con todos estos planes fueron incautados por la Guardia Civil en el Despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó , uno de los hombres de confianza del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras , el pasado 20 de septiembre, cuando se produjo su detención y la de otros trece cargos de la Generalitat encargados de organizar el referéndum del 1 de octubre.

Salvadó estaba preparando escenarios de gestión presupuestaria y de tesorería para una situación de independencia. Para ello, identificó 14 posibles estructuras de Estado, a las que tendría que dotar de Presupuesto. Estos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, están incluidos en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

La relación de estructuras de Estado que el secretario de Hacienda estaba contemplando es la siguiente: Hacienda catalana; Agencia catalana de Protección Social; Poder Judicial; Ministerio del Interior; Política Monetaria, que incluía Banco Central y Supervisor del Sistema Financiero; Comisión Nacional del Mercado de Valores; Comisión Nacional de la Competencia.

También incluía: otros organismos y estructuras exigidos por la Unión Europea; Controles de los servicios de Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviario y Carretera; Abastecimiento de Agua y Energía; Telecomunicaciones; Correos; Servicios de emergencia y Defensa, aunque en este último caso, el epígrafe aparece con interrogantes.

El responsable de Hacienda en Cataluña había previsto incluso cómo lograr los datos tributarios, ya que la Guardia Civil halló en su casa un dossier con la inscripción «Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria», así como el plan de «despliegue» del proyecto de la Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el «Catastro de Cataluña en el momento de la desconexión».

Salvadó incluso había hecho un esquema con los asuntos que se tendrían que tratar de cara a una hipotética negociación con el Gobierno para la independencia, que incluía la distribución de «activos y pasivos» e iban desde la incorporación de personal -para lo que contaba con un borrador de decreto para transferir funcionarios del Estado a la Administración catalana-, a las infraestructuras y el reparto de la deuda hasta los recursos hidrográficos o la transmisión de datos, registros y censos.

Pero también preveían la posible intervención de la autonomía por parte del Estado que calificaban de «escenario de guerrilla» o «escenario de guerra» en función del alcance que tuviera el mismo, como se explica en un documento manuscrito que envió Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, a Lluís Salvadó y que fue encontrado en el despacho de este último.

En el primer caso, contemplaban que la intervención podía ser contra los máximos responsables de las instituciones catalanas pero sin suspensión total o parcial de las competencias del Gobierno catalán, aunque cortando la financiación del FLA.

En este caso preveían un plan de ajuste del gasto del Gobierno catalán y la activación de medidas alternativas de financiación como bonos patrióticos o acudir al mercado internacional. Admiten que la actuación de la Generalitat se sustentaría en la capacidad de sostener su tesorería hasta diciembre y fijaban el punto crítico en julio de 2018.

Pero contemplaban medidas más duras para el caso de que se produjera el «escenario de guerra», en el que preveían que el TC iría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y el Gobierno asumiría el control de la autonomía, cortara el FLA y garantizara el pago de mínimos del personal.

En esa situación, en la que creían que el Estado iba a tener una «dificultad elevada» para actuar «a no ser que actuaran directamente sobre posiciones técnicas de la administración catalana», planeaban: activar el plan de ajuste del gasto, atrasar pagos a proveedores, buscar vías de financiación alternativas entre las que incluían el cobro de impuestos a «todas las empresas», la emisión de bonos patrióticos, no pagar al Estado ni amortizaciones, ni gasto financiero derivado del FLA y buscarían un sistema para trasladar cuentas.

Pero previo a todo ello, el documento precisa que tenían que anunciar que se garantizaba el funcionamiento básico de la administración catalana. No obstante, admiten que tienen que analizar si pueden «afrontar un primer pago» de mínimos, contando con que se activaría el uno de octubre el cobro de los tributos del sector público de la Generalitat que supone 4.500 millones de euros.

En otro documento titulado «Actuaciones y medidas en el escenario del dos de octubre», exponían que «el éxito tendrá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña» y sobre «los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones».

En este caso, consideran básico controlar las «infraestructuras críticas» como el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares o la gestión de las aduanas «entre otros elementos que no sólo impactan sobre la viabilidad del despliegue de la nueva República, sino que también lo hacen sobre la estabilidad y la viabilidad del Estado español».

Precisamente esto último es lo que querían poner sobre el tablero de para forzar una negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, avisaban de que la «falta de colaboración/cooperación entre ambos actores puede generar una cadena de serios problemas en este ámbito con potencial contagio del resto del sistema económico y financiero europeo e internacional».