Eduardo Torres-Dulce: «La crisis económica exige estos recortes por coherencia nacional»

—¿Es posible mejorar la situación de la justicia en tiempos de crisis?

—Es posible en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis. Es una demanda social, uno de los pilares esenciales de la convivencia democrática de un Estado, de la paz social, incluso para la creación de la riqueza económica. Es evidente que los presupuestos condicionan las políticas normativas, pero en todo caso hay que ingeniárselas para realizar las reformas. No se puede usar la excusa de los presupuestos para pararse y no hacer nada.

— Y en este momento «hay que ingeniárselas»...

—Indiscutiblemente. La situación presupuestaria exige, y no solo por mandato europeo, sino por coherencia nacional, esos recortes, pero hay que explicar a la ciudadanía los efectos que van a tener.

—En una situación como la actual, la convocatoria de huelga se puede interpretar como una ausencia de comprensión de las reformas...

—Cada uno hace una lectura de la situación política y extrae las conclusiones correspondientes. Yo no puedo ni debo pronunciarme porque sería invadir un campo de pronunciamientos políticos que me abstendré siempre de invadir, de igual forma que admito la crítica pero pido respeto para la autonomía de la actuación profesional, procesal y funcional del Ministerio Fiscal.

—¿Podrán los ciudadanos percibir algún día la figura del fiscal general como alguien ajeno a los designios del Gobierno?

—Las encuestas de imagen que manejo no dan una percepción de la Fiscalía extraordinariamente buena, pero creo que es mejor de lo que a veces se transmite. Mi obligación es trabajar para que esa imagen de distanciamiento respecto del Ejecutivo sea cada vez más visible.

—¿Qué hay que hacer para conseguirlo?

—En primer lugar, exijo autonomía para el ejercicio institucional, funcional y procesal del Ministerio Fiscal, pero a su vez me exijo a mí mismo dotar a cada uno de los miembros del Ministerio Fiscal de un ámbito de autonomía y responsabilidad en el ejercicio de las tareas procesales, reservándome de forma excepcional la intervención en aquellos supuestos en los que discrepáramos radicalmente. Esos niveles de autonomía hay que concretarlos con una singularización presupuestaria, dejando la formación de los fiscales en manos de la Fiscalía General del Estado (y no del Ministerio de Justicia) y con la reforma del Estatuto Fiscal. Hay que blindar más las actividades diarias de los fiscales de a pie.

—¿Cuándo estará la Fiscalía en condiciones de asumir la instrucción de las causas penales?

—Cuando se haga la reforma procesal que está en marcha y que debe orientarse en el sentido de una mayor presencia del fiscal en la fase de investigación. Pero no aceptaré ninguna reforma de carácter procesal penal si antes no se garantiza la visibilidad de la imparcialidad del Ministerio Fiscal en sus tareas. La primera condición, que ya le he expresado al ministro de Justicia, es que no puede atribuirse al fiscal la investigación de los delitos si no se crean unidades de policía y peritos judiciales adscritos de forma exclusiva a los fiscales. También es necesaria una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que blinde la autonomía no solo del fiscal general, sino de los fiscales que día a día van a llevar esas investigaciones. Y en tercer lugar, una memoria económica exhaustiva sobre los costes de personal, infraestructura, en definitiva, de plantilla, del Ministerio Fiscal.

—¿Cómo se puede blindar la actuación de un fiscal de a pie?

—En este momento en el Estatuto están los mecanismos para que el fiscal que piense que recibe una orden ilegal o improcedente no la cumpla, y tiene siempre la posibilidad de acudir a la Junta de Fiscales de Sala o al Consejo Fiscal para que escuchen sus argumentos. Es verdad que han sido mecanismos poco utilizados, pero se puede aumentar su eficacia si, por ejemplo, un fiscal que se siente inquietado puede evidenciar públicamente su situación, para que quien tenga que tomar posteriormente la decisión cargue con esa responsabilidad.

—¿Limitar el secreto del sumario a un máximo de dos meses servirá para evitar filtraciones sistematicas de los sumarios?

—Decir que una regulación normativa va a impedir algo es excesivo y se crean unas expectativas que no responden a la realidad. Pero todo lo que se haga para reforzar los mecanismos que ya existen me parece bien. Tenemos que hacer un esfuerzo, aunque reconociendo que los medios de comunicación tienen que informar. Soy muy enemigo de los juicios paralelos porque crean unas expectativas que no obedecen a lo que realmente hay en el sumario.

—¿Por qué las penas no incluyen, junto con la inhabilitación, la obligación de que los cargos públicos condenados devuelvan el dinero?

—Si hay apropiación de fondos públicos la condena debe suponer el retorno de esas cantidades. Que además de responsabilidad civil tuviera una referencia de pena podría estimarse, pero es que si la persona no es insolvente hoy ya tiene que responder de las cantidades defraudadas. Eso forma parte de la responsabilidad dimanante del delito. Elevar ello a pena en principio, y si es eficaz esa investigación patrimonial, ya no tiene mucho sentido.

—¿Cree que un alto cargo investigado debe dejar su puesto temporalmente?

—Procesalmente no está entre las medidas cautelares previstas por la ley, básicamente porque quebrantaría la presunción de inocencia. Otra cosa es la valoración que en cada caso se haga políticamente sobre esa imputación.

—¿Puede dañar a la Corona un hipotético juicio al Duque de Palma?

—La institución de la Corona está tan sólidamente arraigada, tiene tan amplio apoyo institucional y popular, que difícilmente puede hablarse de un daño si algún miembro cercano a la Corona, de la familia del Rey, se sentara en el banquillo. Si ello se produjera en un momento determinado significaría simplemente que las normas procesales y legales están funcionando con absoluta naturalidad.

—Entonces no cree que Urdangarin esté recibiendo un trato de favor...

—En modo alguno. Si así lo fuera, el Ministerio Fiscal, que debe velar por la imparcialidad y los derechos de todas las partes del proceso, reaccionaría procesalmente.

—Justo antes de las elecciones en Andalucía, la investigación de los ERE estaba subiendo peldaños hacia los máximos responsables de la Junta. ¿Cree que un hipotético gobierno de Griñán puede paralizar la causa?

—Estoy seguro de que cualquiera que sea el gobierno que se forme en Andalucía será un gobierno absolutamente respetuoso con la actividad de jueces y fiscales en la investigación. El gobierno anterior ha puesto de manifiesto siempre su deseo de colaborar con la justicia, y en el hipotético supuesto de que no colaborase hay mecanismos procesales para obligar a hacerlo. Pero me parece algo absolutamente impensable, que no contemplo ni en el caso de los ERE ni en ningún otro.

—Usted ha estado hasta ahora en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. ¿Qué mensaje lanzaría a los políticos ante el retraso en su renovación?

—Mi absoluto desacuerdo. Las leyes están para cumplirlas. Es pura higiene y sanidad democrática. Yo creo que habría que pedir a los partidos políticos el mayor de los respetos para el cumplimiento de plazos y que no se trasladen al TC tensiones que no están en el propio tribunal.

—Tenemos una de las mayores tasas de población reclusa en España y, sin embargo, uno de los menores índices de criminalidad. ¿Se está abusando de la prisión?

—Es cierto que la de los presos preventivos no es una tasa pequeña, pero si examinamos la naturaleza jurídica de esos delitos vemos que en la casi totalidad de los casos es por la infracción de bienes jurídicos importantes: vida, integridad personal, violencia de género, defraudaciones patrimoniales, crimen organizado, terrorismo... Aun así, yo animaría a iniciar un proceso de reflexión por parte de los poderes públicos y de la propia sociedad acerca de la necesidad de adoptar mecanismos procesales para que los juicios se celebren cuanto antes y haya una sentencia firme para poderse cumplir. Pero también hay que empezar a dar pasos hacia un sistema de penas que para algunos delitos y algunas circunstancias no implique el ingreso en prisión. Hay ciertos delitos que merecerían penas alternativas, trabajos en beneficios de la comunidad... Lo fundamental es distinguir entre tipologías de delincuentes profundamente antisociales, o cuya estructura mental puede llevar a la comisión de hechos delictivos, y delincuencia organizada y otro tipo de delincuencia que quizá no debería llevar aparejada la pena de prisión.