Enfrente no hay nadie

Desde los arrabales de Arrimadas han explicado que quieren un acto lúdico, festivo, abierto a «la gente de la calle» (pleonasmo de la neolengua) y, sobre todo, no político. Nada de manifiestos ni de actos que pudieran interpretarse como una impugnación del Onze de Setembre —esa insólita conmemoración de una guerra civil entre españoles— o de quienes instrumentalizan tan triste fecha para sus delirantes propósitos de ruptura . Ante la provocación, sonrisas. Sonrisas y más pollo, por favor.

Si estos son los contundentes, imaginen los demás. Aunque no hace falta imaginar nada porque ahí están los hechos. O, mejor dicho, las palabras huérfanas de hechos. Pocos alegatos democráticos más limpios y conmovedores que la réplica de Rajoy a Tardà en su fallido debate de investidura . La mezcla perfecta de pedagogía y pasión. Y ese remate desde el escaño —«España es una nación de ciudadanos libres e iguales»— que a algunos nos abrigó el corazoncito. Pero las palabras, o tienen raíces en actos concretos, o vuelan y se desvanecen como un globo entre las nubes. En España la política ya es solo declarativa: «sound and fury, signifying nothing», como dijo Macbeth de la vida, un cuento contado por un idiota.

Lean la denuncia presentada por Libres e Iguales ante la Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlamento catalán. Son sólo unos minutos. Allí, en el relato de los hechos que van del 9 de noviembre de 2014 hasta julio de 2016, podrán comprobar hasta qué punto la política catalana se ha salido del marco no sólo de la Constitución y la democracia, sino también de la razón.

No hay discusión racional posible con los que casi tres siglos después de la publicación de «El espíritu de las leyes» y más de dos desde la proclama de John Adams —«A government of laws, and not of men»— aprueban una resolución del siguiente tenor: «El Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta Cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera falto de legitimidad y de competencias a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras sentencias». Ni Etiopía, con su derecho de autodeterminación. Esto es pura predemocracia. Pero, ¿ha pasado algo? ¿Les ha pasado algo? ¿Algo concreto? De momento, nada.

Hace unos días, en la apertura del año judicial, la fiscal general del Estado lanzaba un aviso —el enésimo— a los secesionistas: «Actuaremos ante los tribunales penales… si fuera el caso». El Estado español es el caso. Y clínico. El artículo 124.1 de la Constitución señala que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad , de los derechos de los ciudadanos y del interés público, de oficio o a petición de los interesados, «sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos». O el Tribunal Constitucional no es un órgano o la Fiscalía está incumpliendo su mandato constitucional.

Claro que a este ritmo no va a quedar nadie que lo cumpla. La enajenación democrática de Cataluña se está extendiendo al resto de España , con un foco especialmente virulento donde siempre. En el País Vasco, el Partido Socialista, referencia política de tantos perseguidos y asesinados por ETA, ha incluido en su programa electoral la posibilidad de reformar el Estatuto de Guernica para incorporar el reconocimiento de Euskadi como nación. Eso sí, «siempre que quede claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada». Queda clarísimo, sí. Oigo al joven Zapatero, esa doble fábrica de separatistas y podémicos.

Con este PSOE no vamos a ninguna parte. Pero precisamente por eso el Partido Popular y Ciudadanos tienen una especial responsabilidad . La batasunización de la política catalana y la catalanización de la vasca obligan a las fuerzas comprometidas con la continuidad del proyecto nacido en la Transición a demostrar una inédita mezcla de convicción, coraje y capacidad de arrastre. Sin embargo, no lo hacen. O lo hacen de forma espasmódica, frustrante, ineficaz.

El mismo día que Puigdemont anunció su presencia en la manifestación pro-subversión —algo a lo que no se había atrevido ni Mas en sus horas más desaforadas— Arrimadas se reunió con él y le entregó una lista de 15 reformas para las que Cataluña no tiene competencias ni Ciudadanos aún poder en el Gobierno central. En el documento hay de todo (un plan de choque contra la pobreza infantil; la congelación de parte de la factura eléctrica; enseñanza infantil gratuita de 0 a 3; la igualación de los permisos de maternidad y paternidad; la reforma del CGPJ; por supuesto, un sistema de financiación autonómica más favorable para Cataluña y más dinero para el corredor del Mediterráneo…) y, sin embargo, nada que siquiera levemente pudiera remitir al delirio separatista que promueve precisamente su destinatario, el presidente de la Generalidad.

Da la impresión de que Arrimadas pretende recoger las migajas electorales de la bacanal separatista . Quizá debiera repasar la biografía del malogrado Piqué. La única opción —y la principal obligación— de las fuerzas democráticas consiste en articular una nueva mayoría. Inspirar y liderar una poderosa corriente ciudadana frente a los que hacen negocio político y económico con el fracaso de la España constitucional.

Ante semejante desafío, sería insólito e imperdonable que Ciudadanos cometiese los mismos errores que llevaron al hundimiento del PP en Cataluña. Como sería i nsólito e imperdonable que el PP perpetuase la deriva de debilidad que ha desembocado en la irrupción de Ciudadanos en su espacio electoral . A ambos partidos les conviene la claridad y la coherencia. Deben demostrar -con hechos- que España es una comunidad política madura, moderna y racional, y que no va a dejar de serlo por las exigencias antidemocráticas de una minoría y mucho menos por el desistimiento democrático de la mayoría. El PP se juega la posibilidad de volver a ser gobierno. Ciudadanos algo más: que se le pase el arroz sin haber probado un solo grano.