La elección de Junqueras como eurodiputado vuelve a poner contra las cuerdas al tribunal del «procés»

Aunque el caso parezca similar al que se vivió las semanas anteriores con motivo de la elección de Junqueras como diputado nacional, el hecho de que ahora sea una legislación ajena a la española la que regule los aspectos que giran en torno a la condición de parlamentario europeo sitúa a Junqueras de nuevo ante un escenario inédito.

Su situación, a su vez, es radicalmente distinta a la de Puigdemont, pues su condición de preso preventivo -aunque más perjudicial que la del expresident, que está campando a sus anchas por Europa- sí le hace merecedor de un análisis personalizado de su situación y de una respuesta por parte de la justicia española. Del Estado de Derecho al que está sujeto.

La imposibilidad de Puigdemont (y del también del huido y número dos de su lista, Toni Comín ) de ser diputados europeos parece obvia a tenor de la propia legislación española. Ambos tendrían que venir al Congreso de los Diputado para recoger sus actas de eurodiputados y aunque este encargo pudiera ser delegado a un tercero, el acatamiento de la Constitución sí que tiene que ser personal.

En este sentido, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) señala en su artículo 224.2 que los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central en el plazo de cinco días desde su proclamación. Conforme a este precepto parece complicado que ambos prófugos pisen suelo español teniendo en cuenta que siguen vigentes las órdenes de detención e ingreso en prisión de los rebeldes.

En las últimas elecciones europeas, los eurodiputados elegidos hicieron el juramento todos juntos en la Cámara Baja en presencia de la JEC. En principio, el Tribunal Supremo no tendría por qué poner impedimentos a que Junqueras llevara a cabo este trámite, como tampoco lo puso para que jurara como diputado nacional. No permitirlo implicaría arrebatarle un derecho político sin que haya una inhabilitación en una hipotética sentencia condenatoria, lo que, en caso de absolución, tendría unas consecuencias irreparables.

Pero así como el acatamiento está previsto que se lleve a cabo en el país de origen, no sucede lo mismo con las credenciales y trámites propios para adquirir condición de diputado , que se desarrollarían en el Parlamento europeo. Es aquí donde entraría en juego ya el tribunal del «procés», que tendría que darle permiso para viajar a Bruselas. Si lo decide así para no mermar su derecho a obtener el acta (cuestión distinta es el ejercicio del cargo), el Supremo tendría que ordenar la custodia del preso a la policía europea en colaboración con los agentes españoles . La gestión se podría llevar a cabo en un día y volver a la cárcel .

La constitución del Parlamento europeo está prevista para el 2 de julio, y no sería descabellado que Junqueras, una vez obtenida su acta de diputado europeo, apele a su inmunidad parlamentaria intentando que España tenga que pedir al Parlamento europeo una suerte de suplicatorio como el que ya intentó en el Supremo.

Con el juicio ya terminado y la sentencia deliberándose es poco probable que el Supremo accediera a tal permiso, precisamente porque, como ya dejó claro, en España el suplicatorio está previsto en la fase de instrucción, no con el juicio ya iniciado y que tal suplicatorio supondría una injerencia del Legislativo en el poder Judicial. No obstante, habrá que estar atento a lo que la legislación del Parlamento europeo prevea al respecto.

En cualquier caso, la sentencia ya dictada, sea absolutoria o condenatoria, despejará este panorama. Si Junqueras no fuera condenado podrá ejercer libremente sus derechos como diputado. Si es condenado estará inhabilitado y preso, por lo que el Parlamento europeo tendrá que activar los mecanismos de suspensión.