Una edil de Colau acusa a otras comunidades autónomas de enviarles inmigrantes

«Muchos menores manifiestan que el billete les ha sido comprado por un profesional, verbalizaciones que no han podido ser contrastadas», denuncia en una misiva mandada al Gobierno la segunda teniente de alcalde barcelonesa, responsable de Derechos Sociales, Laia Ortiz . Fuentes municipales corroboran a ABC que no existe ninguna prueba documentada de ello y que las acusaciones llegan a partir de lo que los educadores sociales perciben de los extranjeros recién llegados a Barcelona. Desde la Generalitat, tampoco se confirma este extremo aunque ven más que probado que los jóvenes que intentan hacer su vida en Cataluña suelen proceder del sur de España, por donde llegan desde África.

La controvertida carta en la que se habla de los billetes ha sido enviada por el Ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno en Cataluña y acompaña a un extenso informe, confirmado por el Ayuntamiento y la Dirección General de Atención a la Infancia (Dgaia) del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat. El estudio fue pedido por el Gobierno en junio cuando las tres administraciones se reunieron por primera vez para abordar la situación.

La Generalitat calcula que en lo que llevamos de año han llegado a Cataluña 1.116 «menas», cuando en todo 2016 lo hicieron 684.Son jóvenes sin referentes familiares que han migrado en busca de oportunidades laborales y formativas. Mayoritariamente tienen entre 15 y 17 años y Asuntos Sociales estima que el 65,8%de ellos son de nacionalidad marroquí y han pasado por alguna otra comunidad autónoma. Barcelona les es altamente atractiva por sus grandes opciones laborales, reconocen quienes tratan con ellos.

Estos jóvenes son identificados como menores desde la Fiscalía de Menores y derivados a la Dgaia. Su sistema de protección ha llegado a tal saturación que no puede asumir el número de casos. De hecho, la Dgaia tiene unas 500 plazas para ellos, y la emergencia ha hecho que los adolescentes estén durmiendo en un improvisado centro de acogida en pleno Instituto Forense. El Ayuntamiento, por su parte, no tiene competencias en este ámbito pero sus servicios sociales de atención de emergencias en la calle sí que trabajan con este colectivo.

Para atajar de raíz la problemática, ambas administraciones exigen «controlar y supervisar la circulación de ‘menas’ entre comunidades autónomas por parte del Estado», dice la carta. También apuestan, entre otras medidas, porque el Gobierno emprenda medidas excepcionales, como un fondo especial para garantizar la atención a este colectivo, así como prolongar las medidas de protección que les corresponden hasta los 21 años para poder incidir más en su inserción social.

Ésta no es la primera polémica con los menores inmigrantes. Hace justo un año, la entonces consejera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa , denunció que muchos de estos jóvenes –«que esnifan pegamento en Barcelona»– llegaban de Andalucía y acusó al Gobierno andaluz de «mirar para otro lado» ante la problemática.