La Comunidad atendió en 2016 a 130 menores extranjeros no acompañados

Los cuidados de los profesionales del centro son lo más parecido a un trato familiar que van a recibir. Pero su camino no siempre acaba aquí: pese a los intentos por integrarlos en la sociedad, en muchos casos su estancia en Madrid es sólo una escala en un viaje de final incierto.

«Yo estaba tutelado en Andalucía, pero me vine para acá», explica Ahmed. A su lado pasa otro chico de aspecto aniñado. Según el informe forense, tiene 14 años. «Éste ha subido ya dos veces desde Marruecos. Subió, regresó y de nuevo volvió a Madrid, siempre en los bajos de un camión », explica. Algunos de estos chicos han dejado atrás a una familia que les ha apoyado, e incluso les ha impulsado, en su viaje a España; otros ya eran allí niños de la calle.

En general, no quieren volver a su país; es algo que el 90% ni se plantea, según quienes les atienen. El futuro es mañana. A los 14 años es difícil ver mucho más allá.

La Comunidad de Madrid atiende en la actualidad a 130 menores extranjeros no acompañados. Es una realidad que «constatamos que va en aumento, desde hace 20 años », asegura Antonio Guerrero, director del Cacys Manzanares. Les alojan en lo que fue el palacete del arquitecto Arturo Soria, en la calle del mismo nombre, donde reciben alojamiento, manutención, ropa, servicios médicos, formación y hasta dinero de bolsillo.

Los chicos vienen, sobre todo, de Marruecos, «un poco por oleadas: de Fez, de Castillejos...», indica Guerrero. Se corre la voz por el vecindario y llegan docenas de la misma zona. Pero también tienen residentes subsaharianos, y de otras partes del mundo como Vietnam o Bangladesh. «La Comunidad de Madrid acoge a todos los chicos, vengan de donde vengan», indica el director del Cacys.

Cuando llegan, no tienen documentación, muchos no han estado escolarizados, tienen un conocimiento escaso del idioma... «Aquí solicitamos la documentación a sus países de origen, les hacemos sus papeles, y la Delegación del Gobierno les da una autorización de residencia temporal ». Después viene la asistencia a clases –tienen dos aulas en el propio centro–, las visitas al médico, el calendario acelerado de vacunaciones e incluso a alguno se le ve con los «brackets» puestos.

Un grupo de chicos sale hacia la calle. «A fumar», dicen. El director recuerda que « este es un centro abierto: pueden salir y entrar, no hay privación de libertad ; eso únicamente lo puede determinar un juez». Sólo la paciencia y la profesionalidad de los educadores –en un trabajo de difícil desempeño– consigue vencer la resistencia a la disciplina, habitual en cualquier adolescente y acentuada en éstos. «Vienen y van, muchas veces por rumores: oyen que en el País Vasco dan más paga o que en Alemania dan piso, papeles y paga, y se marchan varios; no tienen un proyecto migratorio claro », dice Guerrero.

El Cacys es un centro intermedio, entre los de primera acogida y el resto de la red. Al llegar, en grupos de seis, tienen durante un mes su primer contacto con las rutinas, los horarios, las normas... Después, pasan a los dos grupos de «normalización»; y en la tercera y última fase, «la casita», que cuenta con seis plazas para los que están a punto de dejar el centro hacia un piso tutelado. Como Rachid, que espera nervioso en el jardín, con su maleta ya hecha.

En ocasiones, la Policía visita el centro. Esta población de menores, recuerdan los profesionales, son muy vulnerables y fácilmente manipulables por grupos que pretendan utilizarlos para prácticas delictivas , dada su minoría de edad, que les asegura un trato legal menos estricto que a los adultos.

«Que nadie ponga en duda el trabajo de los profesionales; se atiende a todo el que viene, no se rechaza a nadie», indica Paqui Rojas, subdirectora del Cacys. «Es necesario que a los empleados y a las instituciones se les saque del debate político» , pide también Antonio Guerrero. Para el director general de la Familia y el Menor, Alberto San Juan, «no se puede permitir que haya menores pululando por España y por Europa; es un escándalo. Nuestra misión es protegerlos, y vamos a hacer todo lo necesario».

El trato que reciben los menores extranjeros no acompañados en Madrid fue objeto de debate en un reciente pleno de la Asamblea, a raíz de la comparecencia –a petición del PSOE– del consejero de Familia y Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, que defendió los centros y a sus profesionales.

La socialista Carla Antonelli criticó la «sobresaturación» que detecta en ellos, y también fue muy crítica con los recortes la diputada de Podemos Isabel Serra. Alberto Reyero, de Ciudadanos, puso el acento en el carácter nacional de este problema, que a su juicio, «no admite buenos y malos», por su «mucha complejidad».