Dolores Delgado: de ministra más reprobada a fiscal general menos idónea

Nunca hasta ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) había quedado en manos de alguien tan descaradamente afín al Gobierno de turno . Y es que Delgado pasó de golpe de ser diputada electa del PSOE y ministra de Justicia a fiscal general. Fue en enero de 2020, tras las últimas elecciones generales y mientras Sánchez se jactaba en público y sin disimulo de que la Fiscalía depende del Gobierno. Todo ello, insólito en una institución cuya esencia de imparcialidad es tan importante como su apariencia.

Lo más parecido a ese nombramiento tan político y polémico ocurrió en 1986 con otro Gobierno socialista, en este caso de Felipe González, que colocó de fiscal general a su entonces ministro de Presidencia, Javier Moscoso. El caso de Delgado es más flagrante , porque dio ese salto desde un escaño del PSOE y desde el propio Ministerio de Justicia, donde ya había protagonizado varias polémicas que afectaban a su nuevo cargo al frente de la FGE.

Es también la única fiscal general a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha avalado como idónea. En su informe al respecto, el órgano de gobierno de los jueces se limitó a constatar que Delgado cumplía los requisitos formales para ocupar este cargo –como era obvio–, pero por primera vez no avaló explícita y literalmente su idoneidad .

De hecho, sólo contó con doce votos a favor y hasta siete en contra, lo que la convierte en la fiscal general con más rechazo del CGPJ . Su antecesora, María José Segarra, fue avalada por unanimidad y el anterior, José Manuel Maza, con un sólo voto en contra. También las asociaciones de jueces y fiscales criticaron su designación por dañar la imagen de imparcialidad de la institución. Todas menos las dos más afines, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que representan a menos del 10% de ambas carreras.

Además, Delgado fue la ministra más reprobada por las Cortes en menos tiempo: hasta tres veces en un sólo trimestre. Una en el Senado por su falta de apoyo al juez Llarena tras la denuncia que el fugado Puigdemont interpuso en Bélgica contra este magistrado del Tribunal Supremo.

También la reprobó el Congreso por sus vínculos con el comisario Villarejo, que grabó a Delgado y a su pareja, el exmagistrado Baltasar Garzón, durante una comida en 2009 en la que ésta llamó «maricón» a Marlaska , su compañero y ministro del Interior cuando trascendió la grabación en 2018.

En esa misma cita, Delgado incluso aplaudió los manejos del comisario al calificar de « éxito garantizado» que usara prostitutas en sus espionajes. Hasta contó a Villarejo que ella fue testigo de cómo jueces y fiscales españoles se relacionaban con menores en viajes de trabajo a Colombia. Y todo ello cuando Delgado era fiscal de la Audiencia Nacional. Ni siquiera Podemos la defendió en esta ocasión y su entonces líder, Pablo Iglesias, pidió que dimitiera.

La tercera reprobación como ministra de Justicia, también en el Congreso, fue por instar a la Abogacía del Estado –dependiente del Gobierno– a retirar la acusación de rebelión contra los líderes secesionistas en el juicio por el referéndum ilegal de 2017.

Como fiscal general, ha sido acusada de favorecer a la asociación a la que pertenece (UPF), minoritaria en la carrera y, sin embargo, mayoritaria en la Junta de Fiscales, el órgano que asesora a la propia Delgado. En su primer año al frente del Ministerio Público, propuso siete ascensos de fiscales a primera categoría y los siete de UPF.

Uno de sus nombramientos, el del fiscal jefe de Menores, ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por uno de los afectados y por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF). Difícil encontrar un cargo público que haya generado tanta polémica en tantos sitios y en tan poco tiempo.