La «doctrina Parot», a examen

Los diecisiete magistrados que conformarán el Pleno (José Ricardo de Prada no podrá asistir y adelantó su postura la semana pasada) deliberarán sobre el alcance que tiene la resolución del Tribunal de Estrasburgo para otros etarras a los que también se ha aplicado la acumulación de condenas (para garantizar así el cumplimiento efectivo de las penas). La decisión que se adopte en el caso concreto de Del Río es importante, pues supondría su extensión a otros 80 presos de ETA que permanecen en prisión por la aplicación de la «doctrina Parot».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se ha pronunciado: el pasado 17 de julio se opuso a la libertad de la etarra . En su informe, el Ministerio Público recordaba que la resolución del Tribunal europeo todavía no es firme, ya que sus decisiones únicamente son definitivas cuando las partes no recurren a la instancia superior, la Gran Sala, en un plazo máximo de tres meses. El Gobierno español anunció tras la sentencia que tenía previsto cursar este recurso. Además, la Fiscalía añadía que las sentencias del TEDH «son declarativas», lo que supone «que es el Estado afectado quien tiene que elegir, bajo la supervisión del Consejo de Ministros, las medidas a adoptar». Señalaba también que la resolución que mantiene a Del Río en prisión sí es firme , por lo que cualquier tribunal español sólo cuenta con la posibilidad de ejecutar la pena, sin opción alguna de suspenderla, informa Ep. «Únicamente el Tribunal Constitucional tiene la facultad de ordenar la suspensión de ejecución», advertía el fiscal, que recordaba que el TC «ha denegado» ya esta pretensión de la etarra.

Los magistrados de la Sección Tercera del TEDH admitieron el recurso presentado por la defensa de Del Río , condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios asesinatos terroristas, entre ellos el que costó la vida a 12 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, y miembro, junto a José Ignacio de Juana Chaos, del sanguinario «comando Madrid».

El TEDH desautorizó por unanimidad la decisión de la Audiencia Nacional de retrasar la salida de prisión de Del Río desde el 2 de julio de 2008 hasta el 27 de junio de 2017 , al considerar que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale, el artículo 5.1, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad. La etarra, que se encuentra recluida en una prisión de Murcia, fue condenada en el marco de ocho procedimientos penales por delitos terroristas que comenzó a cumplir en febrero de 1989.