Diez ideas para contribuir a una justicia mejor

Es necesaria una revisión profunda de la organización judicial que agrupe los partidos judiciales en grandes sedes, crear los tribunales de instancia y potenciar a los jueces de adscripción territorial por su flexibilidad para efectuar refuerzos en determinados juzgados.

Un nuevo sistema de nombramientos en el CGPJ para que 12 de sus 20 vocales sean elegidos por los propios jueces. En el nombramiento de altos cargos deben primar criterios objetivos y habría que prohibir que los parlamentos autonómicos puedan designar magistrados. Las políticas legislativas no pueden acabar sistemáticamente en los tribunales por razones de oportunidad política.

Para acabar con la desconfianza que genera en la sociedad un juez que regresa a su jurisdicción tras pasar por la política, sería necesario establecer un periodo de dos años durante el cual no se pueda regresar al mismo puesto. También se debería prohibir que durante un tiempo ese juez concurse para un cargo de libre designación o juzgue a aforados.

Es necesario reconducirlos a su finalidad. No pueden tener un carácter general, hay que limitarlos al ejercicio de las funciones del cargo público en cuestión. Además es un número excesivo: debería mantenerse para el Rey, presidente del Gobierno y ministros y diputados y senadores y solo por delitos cometidos en el ejercicio de la actividad parlamentaria, como pueden ser las injurias y calumnias. Además debe regularse por ley que el aforado que empieza a ser investigado por un tribunal continúe ya en él hasta el final del proceso, aunque por el camino pierda el fuero.

En la medida en que es una medida de gracia excepcional, también lo debe ser su aplicación. No se tendría que conceder ningún indulto contra el criterio del fiscal y del tribunal que impuso la condena.

Nuevas tecnologías, trámites escritos en vez de orales, concentrar actuaciones, evitar tiempos muertos en los procesos y prohibir los recursos contra resoluciones de mero trámite durante la fase de instrucción contribuirían a una justicia más ágil.

Es necesario crear un cuerpo de peritos contables exclusivamente al servicio de juzgados y tribunales y fomentar la colaboración con Justicia de inspectores de Hacienda, del Banco de España o de la Intervención General del Estado.

Abrir un debate sobre si realmente las transferencias a algunas comunidades autónomas en materia de medios personales y materiales ha sido beneficiosa para la administración de justicia.

Los partidos tienen que ser conscientes de que la Justicia debe estar alejada de la contienda política, que se necesitan buenas leyes, estables y duraderas, y un modelo de justicia que perdure en el tiempo con independencia de cuál sea el gobierno de turno.