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El despliegue de seguridad del Consejo de Ministros no se cerrará hasta el último momento

La Lonja de Mar acogerá el consejo de ministros y contará con varios anillos de seguridad

Madrid - BarcelonaActualizado:

El plan de seguridad en Cataluña para el día 21, cuando coincide la celebración en Barcelona de un consejo de ministros con un «paro de país» convocado por los secesionistas, no terminará de ajustarse hasta el último momento. Policía, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana han mantenido ya reuniones previas de coordinación, pero no será hasta la celebración la próxima semana de la Junta de Seguridad, bajo el paraguas de la Delegación del Gobierno, cuando se perfilen los últimos detalles.

En este sentido, el número de 400 policías nacionales que trasladarían ese día a Cataluña es provisional y corresponden a los ocho grupos de las Unidades de Intervención Policial que ya han sido movilizados para la ocasión. Hay tres de ellos que ya están en esa comunidad -dos de forma permanente a disposición de la Jefatura Superior y uno más en La Junquera que cubre posibles incidencias- y el resto llegaran de distintas partes de España, que se sepa de momento Sevilla, Galicia y Oviedo. Por supuesto, además de estos agentes hay que sumar, solo de la Policía, los escoltas del presidente del Gobierno, la vicepresidenta y los ministros.

Confianza

El dispositivo para los dos acontecimientos es conjunto, según las fuentes consultadas por ABC, porque hay que distribuir los medios materiales y humanos de los Cuerpos de Seguridad entre ambos. No obstante, hay un despliegue específico para la reunión del Gobierno, que se celebrará en la Casa Lonja de Mar. En torno a ese edificio se montarán varios anillos de seguridad para evitar cualquier incidente, aunque los momentos más delicados serán los trayectos en automóvil por la ciudad del presidente del Gobierno y los ministros.

Las cápsulas de seguridad de todos ellos serán reforzadas al máximo y los Mossos y la Guardia Urbana se ocuparán de garantizar el orden público, en el primero de los casos, y de agilizar los trayectos y ordenar el tráfico en el segundo. Esta primera parte del día, con ser la más delicada porque cualquier incidente con un miembro del Ejecutivo sería de una gravedad máxima, es la que está más controlada a día de hoy, según las fuentes consultadas por ABC.

El segundo problema del día, de más difícil respuesta, deriva de la huelga general de los secesionistas. Los Comités de Defensa de la República (CDR) amenazan con actuaciones violentas como cortar autopistas, el AVE y otros nudos de comunicaciones. Aunque la responsabilidad del orden público es de los Mossos, desde ese Cuerpo, tal como adelantó ayer ABC, se ha pedido la colaboración de la Policía y de la Guardia Civil para que cubran los puntos críticos que ellos no puedan por falta de agentes.

Los servicios de Información de todos los Cuerpos implicados trabajan pleno rendimiento para anticipar la magnitud de la movilización y el grado de violencia que se puede llegar a emplear, para con estos datos en la mano tomar las últimas decisiones. «La coordinación entre profesionales está siendo plena; hay confianza entre los Cuerpos», explican fuentes tanto de las Fuerzas de Seguridad del Estado como de la Policía Autonómica. Desde esta última, además, se advierte de que no se va a permitir que cuestiones políticas interfieran en el trabajo profesional, y tienen muy presentes las críticas desmesuradas e injustas del último fin de semana por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, seguidas luego por el consejero de Interior, Miquel Buch.

Y es que los Mossos se vieron obligados a cargar contra decenas de CDR en Gerona para evitar que embistieran a manifestantes contrarios el 6-D. En Terrasa (Barcelona) se reprodujeron hechos similares. La actuación policial -que la dirección de Mossos ve correcta- no gustó a Torra, que ordenó al consejero cambios inmediatos en la dirección policial. Buch, por su parte, espetó que algunas imágenes de esas cargas «no se acaban de ajustar a una policía autonómica». Ayer, en el Parlamento catalán se desdijeron y Torra admitió que «no se pueden atacar los cordones policiales».