Delgado insiste en la necesidad de garantizar la autonomía del fiscal respecto al Gobierno

Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado las memorias relativas a los ejercicios 2018 y 2019 y se ha referido a otros asuntos, como la regularización fiscal de Don Juan Carlos que será, dijo, objeto de «nuevas investigaciones y comprobaciones».

Como hizo la semana anterior en el Senado, Delgado se ha referido a la necesidad de que la Fiscalía rompa lazos con el Ministerio de Justicia, del que ella misma fue titular hasta hace un año, y pueda gestionar medios materiales y económicos y cuente con una autonomía «funcional, orgánica y normativa». «Los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica son fundamentales para atribuir la dirección» del proceso penal al fiscal, que precisa «de unos estándares de autonomía e independencia respecto al Ministerio de Justicia para alcanzar un óptimo funcionamiento y confianza de la sociedad española», ha dicho.

Delgado ha defendido ese cambio de modelo procesal porque es el que está implantado en todos los países de nuestro entorno , y aunque ha defendido el nombramiento del fiscal general por parte del Gobierno ( «así lo quiso el legislador constituyente» ), sí ha admitido que se pueden establecer «contrapesos» para blindar esa independencia. Entre ellos ha destacado la posibilidad de que sea elegido entre un número de candidatos o que la sociedad civil participe en este proceso. Lo que, a su juicio, está claro es que la mayor o menos autonomía de la Fiscalía no puede depender de la mejor o peor disposición de quien esté al frente en cada momento del Ministerio de Justicia.

Precisamente su paso sin solución de continuidad del Gobierno a la Fiscalía General ha sido objeto de reproches por parte de portavoces de la oposición, como Edmundo Bal (Ciudadanos), Ortega Smith (Vox) o Luis Santamaría (Grupo Popular). Bal ha recordado a Delgado que la ciudadanía «no tiene ningún problema con la Fiscalía General del Estado. El problema es usted, y se lo digo con respeto y sin acritud», ha sostenido refiriéndose a sus tres reprobaciones como ministra de Justicia y a su relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Buena parte de la comparecencia de Delgado y de las preguntas de los portavoces se ha centrado en la reforma de los delitos de odio. Distintos portavoces han reprochado a la fiscal general la doble vara de medir de la Fiscalía respecto a unos y otros. En concreta Ortega Smith ha preguntado a Delgado si va a actuar contra el diputado de Unidas Podemos Pablo Echenique por alentar «la turba violenta» en las calles de Madrid y Cataluña por el vandalismo en las calles de los últimos días con motivo del ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo. La fiscal general ha justificado la reforma de los delitos de expresión porque no todo se pueden enmarcar en delitos de odio.

Por contra, y precisamente por actuaciones poco contundentes, desde ERC han reprochado a la fiscal general la oposición a los indultos del procés y el recurso al tercer grado de los condenados por sedición. «Gracias a la actuación de la Fiscalía habrá más republicanos en España y más independentistas en Cataluña», le ha llegado a decir Jaime Alonso Cuevillas .

Respalda las diligencias sobre Don Juan Carlos

Sobre los indultos y el procés, Delgado ha defendido que todos los procedimientos han seguido su curso con los fiscales que desde el principio han llevado estos casos y que «no ha habido instrucciones al respecto» ni las tiene que haber: «Tenemos procedimientos y normas ante cualquier conflicto de intereses que pueda presentarse», ha dicho.

Delgado defendió la actuación de los fiscales del 'procés', así como las investigaciones a Don Juan Carlos, cuya regularización fiscal será objeto, dijo, de «nuevas investigaciones y comprobaciones».

En este punto, afirmó que gracias a las diligencias que sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo «ha aflorado una cantidad importante e inimaginable al principio de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, cinco millones y pico de euros, que es de todos los españoles», en referencia a las dos regularizaciones fiscales acometidas por el padre del Rey y que han implicado el pago de 678.393,72 y 4.395.901,96 euros, respectivamente, en deuda, recargos y sanciones.

«Es la primera en la historia de España que se investiga a un ex jefe del Estado con un equipo de fiscales cualificados y respetando las garantías constitucionales también del investigado, respetando principio constitucional», ha señalado.