El Defensor del Pueblo duda del Cupo vasco, pero no lo recurrirá

En su sentencia, fechada el pasado 27 de marzo, el Defensor del Pueblo anunció que no llevaría al Constitucional la ley de cálculo del Cupo, la cual fija en 1.300 millones de euros la cantidad que el País Vasco ha de abonar cada año al Estado por las competencias no transferidas. El órgano entiende que, por muy «legítimas y generalizadas» que sean las dudas que genera la norma, estas no sostienen su inconstitucionalidad. Asimismo, tampoco aprecia motivo de recurso en la «falta de transparencia» con la que se llevaron a cabo las negociaciones ni en el hecho de que durante el trámite parlamentario «únicamente se contrataran cifras dadas de antemano».

En esta línea, el dirigente socialista argumentó en su escrito que la ley no puede entenderse contraria a la Constitución porque no haya habido «ninguna justificación técnica de su cálculo» ni porque los Gobiernos estatal y vasco no publicaran «ningún detalle que permita su escrutinio»: «Es sobre todo la tramitación parlamentaria el lugar y momento idóneos para el examen de la iniciativa legislativa», destacó.

El órgano rechazó de esta forma los argumentos ofrecidos por el portavoz de la Plataforma Ahora, Gorka Maneiro , el profesor universitario Víctor Gómez Frías y el propio Alain Cuenca , quienes sostuvieron que la metodología para el cálculo del Cupo para el quinquenio 2017-2021 sitúa a los territorios forales en una posición de ventaja respecto a las Comunidades Autónomas que poseen un régimen común. En este sentido, aseveraron que la fórmula «se hace sobre cifras inventadas, hay errores, incorrecciones y ajustes sobre la base de coeficientes que nada tiene que ver con la realidad».

Por el contrario, el Defensor del Pueblo manifestó que la norma «no contiene disposiciones que impliquen necesariamente desigualdad entre los españoles» ni tampoco falta de solidaridad del País Vasco con el resto de territorios. En cualquier caso, sentencia el documento, hubieran sido necesarios «indicios plausibles y mínimamente documentados» para poder observar posibles privilegios.