Cientos de personas durante una concentración convocada en Alsasua - EFE / ABC

Prisión incondicional para los cuatro condenados por la agresión de Alsasua arrestados este martes

La Audiencia Nacional les impuso penas de entre 9 y 13 años de prisión a los arrestados por el ataque a la Guardia Civil

MadridActualizado:

La Audiencia Nacional ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, sin ninguna condición que pueda evitarlo, de los condenados Julen Goicoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob y Aratz Urraizola, considerados culpables por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en un bar de Alsasua, un ataque que tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016.

La Sala de lo Penal considera que los indicios de criminalidad existentes contra los acusados se han visto consolidados en la sentencia, aunque todavía no es firme, y en la que se han impuesto penas de al menos 9 años de prisión. Los jueces valoran que existe riesgo de que los condenados se fuguen, ante la elevada duración de las condenas, lo que hace temer, fundadamente, que de ser mantenida la libertad provisional pudieran darse a la fuga. Entiende el Tribunal que el arraigo personal y familiar de los condenados no desvirtúa esta tentación de huir.

La Audiencia Nacional condenó a los ocho acusados por delitos de lesiones, amenazas, desórdenes públicos y atentado a la autoridad, pero descartó el terrorismo. Tres de los condenados están en prisión preventiva desde noviembre de 2016, otros cuatro han sido arrestados este martes y solo la condenada a menos años, Ainara Urquijo, continua en libertad. Ella solo fue penada con dos años de prisión, con lo que lo previsible es que no entre en la cárcel.

Los cuatro arrestados por la Guardia Civil son Iñaki Abad, condenado a 13 años de cárcel; y Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, y Aratz Arrizola, condenados los tres a nueve años de cárcel. Los tres restantes condenados son Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda (ambos con penas de 12 años de prisión) y Oihan Arnan (13 años de prisión), encarcelados desde noviembre de 2016 ante el riesgo de que se fugasen durante la investigación. Ellos fueron los que propiciaron la agresión, que tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016, a los dos agentes y sus parejas, y fueron los más activos en la brutal paliza.

La sentencia de la Audiencia Nacional todavía no es firme: las acusaciones y las defensas todavía pueden recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal. Al abordar dicho recurso, el Supremo resolvería si la calificación jurídica es adecuada a los hechos considerados probados. Entraría así en el gran debate que provocó este juicio, después de que la Fiscalía acusase por delitos de terrorismo. El Ministerio Público ubicó la agresión en la estrategia heredada de la banda terrorista ETA y consideró que los atacantes pretendían atemorizar al colectivo policial y expulsarle del País Vasco y Navarra. El fiscal del caso, José Perals, denunció en la vista que el ataque fue «fascismo y terrorismo en estado puro».

La Audiencia Nacional rechazó la tesis de la Fiscalía aunque avaló el relato de las víctimas. El tribunal que enjuició los hechos describió una agresión brutal, movida por el odio y la animadversión a la Guardia Civil, pero descartó que los agresores hubiesen asumido los postulados etarras. También negaron los jueces que los agresores tuvieran el ánimo de cometer un acto terrorista y buscasen alguna de las finalidades que la ley considera terroristas: subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública y atemorizar a la población.

Los jueces tuvieron en cuenta el clima de odio generado en Alsasua (Navarra) y la motivación ideológica contra los colectivos policiales que provocó el ataque, para aplicar a los condenados la agravante de discriminación por odio. La paliza, que se desató en el interior del bar Koxka de Alsasua y continuó en la calle, provocó la fractura abierta de un tobillo del teniente agredido, entre otras lesiones. Las cuatro víctimas no fueron auxiliadas por nadie.