Corea del Norte pide a España «investigar hasta el fondo» el asalto a su embajada

«Un grave acto terrorista tuvo lugar el pasado 22 de febrero, cuando un grupo armado asaltó la embajada en España de la DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte), y ató, golpeó y torturó a su personal, y extorsionó su aparato de comunicación,» reza el comunicado.

«La intrusión en una misión diplomática, su ocupación y el acto de extorsión constituyen una grave vulneración de la soberanía de un Estado y una flagrante violación de la ley internacional, y actos de este tipo nunca deben ser tolerados», subrayó el portavoz en el texto. Durante el asalto, que ha sido reivindicado por un misterioso grupo opositor al régimen, el personal de la embajada fue maniatado y golpeado por un grupo de 10 hombres que robó después equipos informáticos antes de huir, según el auto judicial publicado por la Audiencia Nacional española. Pionyang «está siguiendo todos los rumores (...) sobre la posible involucración en el incidente terrorista del FBI estadounidense y de un cuerpo anti-DPRK», se añade en el comunicado recogido por la agencia oficial del régimen.

Asimismo, espera que las autoridades españolas «lleven a cabo una investigación del incidente hasta el fondo de forma responsable con el objetivo de llevar a los terroristas y a quienes están detrás de ellos ante la justicia en conformidad con la ley internacional relevante». Corea del Norte «aguardará pacientemente al resultado» de dicha investigación, concluye el portavoz.

El régimen se ha manifestado así después de que el ataque fue reivindicado la semana pasada por el grupo Cheollima Civil Defense (CCD) a través de su página web, el cual también anunció que cesaba sus actividades y que cambiaba su nombre a Free Joseon (Corea Libre).

La organización, que apareció en la red por primera vez en marzo de 2017, ha asegurado estar detrás del rescate de norcoreanos amenazados por el régimen y ha llegado a proclamar un gobierno en el exilio y a vender visados para entrar a Corea del Norte cuando «sea liberada». Este grupo no ha dejado claro cuál fue el objetivo del ataque a la embajada, pero dice estar «unida por la idea de poner fin a la dinastía sucesoria de los Kim».

El auto de la Audiencia Nacional publicado el pasado martes identificaba a siete personas ligadas al ataque, incluidos el mexicano Adrian Hong Chang y el estadounidense Sam Ryu, para los que el juez encargado de la investigación ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde ambos se encuentran. Apuntaba a que en el transcurso de esta operación el grupo habría incurrido en delitos de allanamiento de morada, detenciones ilegales, lesiones, falsificación documental, amenazas y robo, cometidos por organización criminal.

Por su parte, el Gobierno de EE.UU. urgió a respetar todas las misiones diplomáticas en el mundo y evitó posicionarse específicamente sobre el ataque a la embajada de Corea del Norte, país con el que negocia un proceso de desnuclearización. Un portavoz del departamento de Estado señaló que «las autoridades españolas están aún investigando» el asalto a la embajada y rechazó detallar si EE.UU. ha ofrecido colaboración policial, al ser preguntado sobre el tema en rueda de prensa el pasado jueves.

El incidente se produjo seis días antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebraran en Hanói su segunda cumbre bilateral, que se cerró sin acuerdo sobre el proceso de desnuclearización. En el mensaje publicado la semana pasada en su web, el CCD afirmaba que había compartido información obtenida durante el asalto con el FBI, pero acusaba a la oficina federal de investigación de romper su acuerdo de confidencialidad.

El grupo opositor aseguró que «no hubo otros gobiernos involucrados o que fueran conscientes» de la operación, descartó que ésta tuviera relación con la cumbre de Hanói y pidió disculpas a las autoridades españolas.