El Constitucional, a falta de un recurso para actuar contra Puigdemont

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La decisión del pleno del tribunal garante de la Constitución no solo prohibió el pleno del Parlament , sino que dejó claro que cualquier declaración, o cualquier huida hacia delante por la vía de los hechos, carecería de efectos. Los doce magistrados acordaron «radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno, cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada».

Ahora, el pleno del Constitucional aguarda movimientos. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que el tribunal garante abordará suspender el discurso de Puigdemont siempre que reciba un recurso de inconstitucionalidad que le pida estudiarlo.

Esta solicitud también podría llegar a través de un incidente de ejecución, un recurso que consiste en pedir la anulación de un acto por vulnerar una sentencia ya dictada por el propio Constitucional. El Gobierno ha utilizado este mecanismo en varias ocasiones para frenar los pasos del secesionismo, alegando la resolución del TC que anuló el 9 de noviembre de 2015 la resolución de desconexión del Parlament, considerada el acto fundacional del proceso independentista.

En ese momento, el tribunal garante -que ha aumentado la intensidad de su respuesta a medida que ha crecido el desafío secesionista, pero no ha utilizado todas sus «armas» - podría valorar actuar contra el presidente de la Generalitat y los demás gobernantes catalanes que le desobedecen.

Los magistrados encargados de interpretar y garantizar la Constitución podrían apercibir a Puigdemont -a quien ya han advertido en varias ocasiones de que debe frenar cualquier acto hacia la independencia, al estar suspendidas las leyes de la ruptura- o incluso deducir testimonio contra él. Esto supondría ponerle en el punto de mira de la Fiscalía , que ya se ha querellado contra él por varios delitos.

Las cartas sobre la mesa del Constitucional incluyen la imposición de multas o la suspensión en funciones de los altos cargos que incumplan sus resoluciones. El tribunal garante puede adoptar estas medidas coercitivas de oficio, sin que nadie se lo solicite, o a petición de una parte, desde la reforma de la ley que regula su funcionamiento, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Aun así, estas decisiones serían siempre provisionales y se acotarían al tiempo necesario para restaurar el respeto a sus resoluciones, sin suponer en ningún caso una sanción ni una inhabilitación.

Los doce magistrados, que siempre han mantenido la unanimidad en sus respuestas al desafío secesionista, podrían por tanto ir más allá de lo que les solicite el Gobierno en un recurso, o no llegar tan lejos. El Constitucional se mueve en un terreno inexplorado, al afrontar situaciones y actos desconocidos hasta ahora en nuestra democracia.