El Consejo de Europa, Estados Unidos y el Congreso reaccionaron por el caso

Por su parte, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2012 la llamada «ley Magnitsky» que sanciona a oficiales rusos relacionados con el caso. Al año siguiente el Departamento de Justicia presentó una orden de comiso en relación con los bienes derivados de la apropiación de los 230 millones de dólares, detallando además la conspiración criminal del caso. Y la Hacienda Pública también ha bloqueado los visados y bienes en ese país de oficiales implicados.

En España, el Congreso aprobó en 2012 una proposición no de ley en la que se relataban los hechos, sin «una intención de generalizar el caso o caer en un primario sentimiento antirruso ».

La denuncia de Anticorrupción se basa en los documentos aportados por Browder en noviembre de 2017 y mayo de 2018. Esa última vez el empresario fue detenido unas horas por pesar sobre él una «nota roja»; orden de detención, que sorpresivamente, y por razones extrañas, se había reactivado tras ser dada de baja años antes. La Policía española hizo gestiones para saber qué había detrás y rápidamente quedó en libertad. Para entonces, la nota roja había desaparecido de su expediente.