El Consejo de Europa aprueba la resolución en favor de los indultos

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no forma parte de la Unión Europea, sino que es una institución a la que pertenecen 47 países, entre ellos algunos regímenes totalitarios o con sistemas poco democráticos como los de Rusia, Bielorrusia o Turquía. El Gobierno asegura que se ha esforzado en parar la aprobación de este informe, aunque el hecho de que una parte de las recomendaciones finales coincidan con los propósitos de Pedro Sánchez y también con los de los independentistas, hace difícil asumir que el Ejecutivo no haya preferido dejar transcurrir la tramitación o que haya intentado solamente pulir los aspectos más lesivos. El jefe de la delegación socialista española, Antonio Gutiérrez Limones, hizo saber que todos los representantes de su partido votaron en contra del informe y desmintió además las interpretaciones que suponen que el Gobierno quería aprovechar este documento para sus fines.

El autor del informe es el socialista letón Boris Cilevics, que ha visitado Barcelona y ha demostrado una simpatía evidente con los dirigentes partidarios de la ruptura con España. La tesis con la que emprendió esta maniobra se titula «¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? » e inicialmente estaba dirigida contra Turquía, pero Cilevics se las arregló para incluir a España en el mismo paquete, aun introduciendo diversas puntualizaciones para dejar claro que nuestro país «es una democracia plena» y cuenta «con un poder judicial independiente». Sin embargo, el diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron «desproporcionadas».

Aunque en la tramitación se han dulcificado algunos elementos del documento, Cilevics no ha querido renunciar a una lista de requerimientos que coinciden en parte con los de Sánchez y plenamente con los de los independentistas: reformar el delito de rebelión y sedición de modo que no pueda ser castigada la organización de un referéndum ilegal, indultar a los políticos catalanes condenados y abandonar los procedimientos de extradición contra políticos que viven en el extranjero que son reclamados por los mismos motivos, eliminar los enjuiciamientos de los funcionarios de la Generalitat de niveles inferiores, abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus objetivos independentistas, entablar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluidas los que se oponen a la independencia, con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española.

Durante el debate, el pleno rechazó enmiendas presentadas por los socialistas y populares españoles que defendían que el informe no llamara a derogar las euroórdenes. En términos jurídicos, se trata de un documento cuyo recorrido termina con su publicación en la página web del Consejo de Europa.

Desde el ministerio de Exteriores de España, tras conocerse el resultado de la votación, han señalado la «incoherenciaa» de varias recomendaciones del COE que «cuestionan la libertad de expresión de los políticos en España».

«El Gobierno mantiene un repreoche general al informe», aseguran desde el ministerio que dirige González Laya.