El Consejo de Estado ve «perturbadora» la reforma constitucional de Calvo

Así, el Consejo de Estado alerta con vehemencia pero sin éxito sobre el apartado cuarto. Su enunciado establece que las personas con discapacidad gozarán de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España, pese a que el órgano consultivo avisa de que esta redacción «resulta ociosa además de perturbadora». «No es necesaria ni conveniente por razones de técnica normativa» , advierte, recordando que los derechos reconocidos en los tratados internacionales están ya garantizados.

El resultado, subraya el Consejo de Estado, es «una mención que contrasta con su omisión en muchos otros preceptos constitucionales en los que tendría la misma cabida». «Las disposiciones constitucionales no deben tener por función el recordatorio de que la materia a que se refieren está ampliamente afectada por la vigencia de instrumentos internacionales», abunda, reclamando la eliminación total de este apartado.

Según fuentes de La Moncloa, estas advertencias fueron desechadas porque «ha sido mediante la ratificación de los tratados internacionales como se han producido los mayores avances en este campo». También argumentan que el Tribunal Constitucional ha señalado la «especial relevancia exegética» de la Convención de 2006 sobre la prohibición de discriminación por razón de discapacidad.

Además del apartado cuarto, el primero y el tercero tampoco experimentan los cambios reclamados por el Consejo de Estado. Así, este órgano rechaza que se proclame la titularidad de los derechos y deberes constitucionales de las personas con discapacidad. Un enunciado que «parece sugerir» que sin este reconocimiento expreso esa titularidad «no tendría lugar, cuando es evidente que cualquier persona por el mero hecho de serlo es titular de los derechos y deberes constitucionalmente reconocidos». El órgano consultivo subraya también que el artículo 49 «no es el lugar» para esta proclamación por su pertenencia al Capítulo III, sobre los principios rectores de la política social y económica. «No corresponde hacer una declaración con ese contenido» , insiste, pidiendo una reformulación y fusión de los apartados primero y tercero. Una consideración que el Gobierno tampoco atiende.

El motivo, según fuentes de La Moncloa, es superar «el enfoque clásico de la regulación» y sustituir «la perspectiva objetiva de las políticas sociales por una visión subjetiva en la que pasan a primer plano los colectivos a quienes se dirigen». Sin embargo, distintos juristas consultados por ABC coinciden con la posición del Consejo de Estado. Entre ellos, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Roca , también director del Instituto de Derecho Parlamentario. «El problema que se plantea a las personas con discapacidad no es la titularidad de sus derechos sino su capacidad de obrar, el ejercicio de los mismos. Tiene razón el Consejo de Estado en su razonamiento jurídico», subraya este jurista.

El Consejo de Estado también advirtió que el borrador del Gobierno constitucionaliza la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en la adopción de las políticas públicas. Algo que la Carta Magna no contempla de manera expresa para ninguna otra política concreta sujeta a protección como familias, niños, defensa medioambiental o promoción de la juventud. Tampoco lo hace en la configuración de los derechos y libertades, la enumeración de los deberes o el diseño de los principios rectores. «Ni siquiera en los ámbitos en los que podría resultar idónea la representación e intervención del colectivo implicado (el constituyente) contempló de manera expresa ni la obligatoriedad de su audiencia ni la colaboración de las políticas que les atañen», advierte el dictamen. «El único supuesto en el que el texto constitucional hace referencia a las organizaciones representativas es el concerniente a los consumidores y usuarios», subraya.

El Consejo de Estado abunda en que no procede esta constitucionalización recordando que la legislación vigente «contempla ya de manera extensa» la participación de estos colectivos en las políticas publicas. Para solventar el dislate, el órgano consultivo propuso incluir una remisión a las leyes vigentes, para definir la participación de las organizaciones representativas y evitar así «un problema de constitucionalidad» pero también «el efecto pernicioso de elevar a rango constitucional contenidos que no le son propios» y el «efecto pertubador» de atribuir su enjuiciamiento al Tribunal Constitucional. Calvo admitió el rapapolvo e incluyó que la participación de las organizaciones de personas con discapacidad se realizará «en los términos que establezcan las leyes». García Roca señala, además, un problema de coherencia a futuro. «Por concordancia, habría que incluir a todas las organizaciones representativas relacionadas con los artículos del Capítulo III».

La otra recomendación atendida por Calvo se refiere al apartado tercero con el que el Gobierno pretendía regular la «protección reforzada» de este colectivo. A juicio del Consejo de Estado, esa referencia no es «conveniente» ya que la protección reforzada es «un concepto jurídico indeterminado» y necesita « de una interpretación que puede no estar exenta de polémica y con ello distorsionar la finalidad pretendida de eficacia y garantía en la defensa de las personas con discapacidad». También alertó de que «no resulta adecuada la inclusión de un concepto de esta índole» cuando la Constitución «no puede brindar una protección directa e inmediata». El Gobierno admitió el error y siguiendo la recomendación del órgano consultivo sustituyó la expresión «protección reforzada» por «especial protección»

El dictamen del órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega es preceptivo al tratarse de una reforma constitucional. El Gobierno no está obligado a seguir sus recomendaciones pero resulta llamativo que no las admita íntegramente dado su carácter técnico y la importancia de obtener el apoyo más amplio posible en el Congreso. No solo porque la aprobación de este proyecto requiere de un quórum reforzado -mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado- sino por el contenido de la materia a reformar y por el precedente que sentará de cara a próximas reformas constitucionales. Así lo cree García Roca que destaca la importancia de que esta reforma se lleve a cabo en un ambiente «de compromiso y consenso para el acuerdo político, en una dinámica de transacción». Un camino que allanaría «la aceptación de todos los cambios propuestos por el Consejo de Estado».

No es la primera vez que Calvo desecha recomendaciones del órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega –un órgano neutral– en proyectos legislativos de primer orden. Esta institución realizó serias advertencias sobre la redacción del decreto-ley de los fondos europeos que tampoco fueron estimadas en su totalidad. En aquel caso se desecharon, entre otras, las peticiones de recuperar los controles sobre la gestión del dinero. La Oficina de Calidad de Normativa de Presidencia advirtió, asimismo, de la inseguridad jurídica que pesenta aquel decreto por sus múltiples errores técnicos e incoherencias en la redacción. El grueso de sus observaciones también fue desestimado.