¿Qué condena le puede caer a Puigdemont al declarar la independencia de Cataluña?

La declaración unilateral de independencia (DUI) podría considerarse también sedición mientras que expertos justistas apuntan a que, en todo caso, los acontecimientos ocurridos hasta el momento suponen ya la posible comisión de otros delitos como son la desobediencia y la prevaricación -de carácter continuado-, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones .

Sobre la rebelión, recogida en el artículo 472 del Código Penal y que precisa necesariamente un alzamiento con violencia, lo que para alguno de los consultados hace difícil que pueda aplicarse al momento actual en Cataluña. Sin embargo, otras fuentes consultadas que analizan el comportamiento del president explican que la violencia ya se habría producido durante los días anteriores, además de que sus decesiones abren la puerta a acciones violentas en el futuro.

La rebelión la comete quien se alzare «violenta y públicamente» para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos. «Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma», así como «usar o ejercer por sí o despojar» a estas instituciones o «a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad», también se entiende como rebelión.

Si Puigdemont es acusado por este delito, se puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión. Según el artículo 473 del Código Penal las personas que han «promovido» y «sostengan» la rebelión serán castigados con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo.

No obstante, la rebelión está penada con hasta 30 años en el caso de que se empleen armas, hubiera combates, ejercido de la violencia grave contra personas, causado destrozos en propiedades de titularidad pública o privada, «exigido contribuciones o distraído los caudales públicos» o cortado las comunicaciones «telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase», ejercido la violencia grave contra personas.

El único precedente que se conoce en la democracia española en relación a este delito es el del exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, por tomar el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. También fueron condenados por lo mismo los mandos que participaron en el intento de Golpe de Estado.

La sedición se atribuye a aquellas personas que se alcen «pública y tumultuariamente» para impedir «por la fuerza o fuera de las vías legales» la aplicación de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público. El código penal prevé entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a las personas «constituidas en autoridad» que hayan «inducido, sostenido o dirigido» la sedición.

Por este delito se encuentran en prisión los líderes de ANC y Òmnium, conocidos como 'los Jordis' , debido a una decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en relación a los incidentes que tuvieron lugar en las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona en el que varios coches de la Guardia Civil sufrieron daños cuando registraban la Consejería de Economía y los agentes no pudieron salir hasta la madrugada del día siguiente porque la multitud concentrada se lo impidió. La magistrada subrayó que estos actos iban «dirigidos a romper la organización territorial del Estado».

Otros juristas consultados apuntan la posibilidad de que, en función de las decisiones que adopte Puigdemont y o los miembros de su Gobierno para hacer cumplir las previsiones de su denominada ley de transitoriedad jurídica, se incurra en delitos de usurpación de funciones previsto en el artículo 302 del Código Penal . Este prevé que quien «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial» sea castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Carles Puigdemont, el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de miembros del Gobierno catalán que firmaron el decreto de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos .

El delito de desobediencia castiga con inhabilitación de hasta dos años y multa a «quienes se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades».

El Tribunal Supremo condenó por este delito el pasado mes de marzo al exconsejero y diputado del PDeCat Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por su participación en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional.

El alto tribunal tiene pendiente resolver el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que fue condenado a 2 años por este mismo delito por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) junto a las exconsejeras de Presidencia Joana Ortega (1 años y 9 meses) e Rigau (1 años y 6 meses inhabilitada).

En cuanto a la prevaricación administrativa atendiendo a que el artículo 404 del Código Penal castiga con hasta 15 de años de inhabilitación a quienes «a sabiendas de su injusticia», dicten una «resolución arbitraria en un asunto administrativo». No obstante, el Supremo absolvió al exconsejero de Presidencia de este delito al entender que se sancionaría la misma conducta dos veces porque queda integrado en el de desobediencia.

Según los magistrados, Homs incurrió en el delito de prevaricación al «menospreciar» el mandato del Tribunal Constitucional, pero indicó que esta acción se encuentra dentro de una secuencia de omisiones de "una desobediencia más amplia". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adoptó el mismo criterio a la hora de dictar sentencia contra Mas, Rigau y Ortega.

Por último, el delito de malversación es el único de estos tres que contempla la pena de hasta ocho años de prisión cuando alguien que tiene facultad de administrar un patrimonio causa un «grave daño o entorpecimiento del servicio público».