Coronavirus: Comunidades y ayuntamientos empujan a Sánchez a intervenir

Pedro Sánchez, en sus dos comparecencias esta semana, se había aferrado en todo momento al argumento de que había actuado y actuaría conforme a recomendaciones científicas. Era su defensa para justificar haber permitido la manifestación del 8 de marzo y el mitin de Vox durante el pasado fin de semana. También para insistir en una respuesta gradual en esta crisis. El pasado martes se adoptó la prohibición de que vuelos procedentes de Italia aterrizasen en España . Pero al margen de eso, y en el ámbito de sus competencias, la acción del Gobierno se centró más en avalar decisiones como las adoptadas inicialmente en la Comunidad de Madrid y en el País Vasco con el cierre educativo. Y en insistir en una serie de recomendaciones a la población para evitar la propagación del virus. Pero no en medidas drásticas de contención siguiendo el ejemplo de Italia , cuya curva de contagios avanza aproximadamente en torno a una semana por delante de la española.

Hasta ayer mismo el Gobierno parecía más centrado en elaborar el plan de choque económico, que tampoco ha convencido ni a los mercados ni al sector empresarial, que en seguir tomando medidas de contención de la epidemia. Solo en su comparecencia del jueves evitó Sánchez descartar ningún escenario y se aferró a la frase que viene repitiendo esta semana: hacer lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Pero ni siquiera ayer estaba decidido que el Gobierno diese el paso.

Cerca del mediodía, los servicios de información del Gobierno avisaban de que Sánchez estaba en esos momentos presidiendo por videoconferencia la reunión interministerial de seguimiento del coronavirus . Y que al término de la misma, prevista para las doce del mediodía, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ofrecerían una rueda de prensa. Pero apenas una hora después se advertía que esa comparecencia no se producía y que en su lugar habría una declaración institucional del presidente del Gobierno , que se retrasó cerca de una hora respecto al horario previsto, y cuando los medios ya publicaban el anuncio del presidente respecto al estado de alarma.

El Gobierno cambiaba el paso. Pero lo hacía solo cuando el resto de administraciones empezaban a actuar por su cuenta. Castilla y León reclamó por la mañana al Gobierno que aplicara el estado de alarma. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , anunciaba que se iba a proceder desde este mismo viernes al cierre de todas las terrazas de hostelería en la ciudad. Ya se habían cerrado previamente muchos espacios dependientes del consistorio. Unas medidas reforzadas con la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de decretar el cierre de toda la hostelería y de todos los establecimientos y comercios, excepto los de primera necesidad. Permaneciendo abiertos, siguiendo el modelo italiano, las tiendas de alimentación, los estancos y los quioscos. Unas medidas que por la tarde anunció que adoptaba también la Xunta de Galicia y que el Gobierno planteará en un decreto que elaboraba en la tarde de ayer.

Ya en la víspera el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había puesto en marcha un plan para unificar la gestión de la sanidad pública y de la sanidad privada, abierta a la colaboración de los centros hoteleros para poder atender a más pacientes.

En la noche del jueves la Generalitat de Cataluña ordenaba el confinamiento de los municipios barceloneses de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. Unos 70.000 habitantes quedaban recluidos para evitar la expansión del mayor brote identificado en Cataluña. En la tarde se anticipó anunciando el confinamiento de toda la región.

Ya en la mañana del viernes, antes de que el Gobierno anunciase el estado de alarma, el lendakari Iñigo Urkullu aprobaba en el País Vasco una declaración de emergencia sanitaria «como medidas complementarias a las decisiones del Gobierno español». Esta declaración habilita al Gobierno de Urkullu para tomar medidas extraordinarias ante la crisis del coronavirus , como el confinamiento de poblaciones pero también la prohibición de desarrollar actividades concretas.

Uno de los problemas de los últimos días estaba siendo que, tras la suspensión en todos los niveles educativos de forma paulatina en diferentes regiones y el acceso al teletrabajo, muchos ciudadanos estaban viajando por todo el país para afrontar ese espacio temporal indefinido en sus poblaciones de origen o a sus residencias de verano. Siendo el tránsito desde la Comunidad de Madrid, principal foco del coronavirus, hacia el levante una de las principales fugas. Pero el patrón es generalizado y eso ya ha producido positivos de algunas personas que procedían de otro lugar en sus regiones de destino. Contribuyendo así al crecimiento de los contagios por todo el país.

No restringir esos movimientos, el «cierre» de Madrid que no se ha producido, obligó ayer a la Región de Murcia a proceder al confinamiento de 376.000 personas de municipios costeros para evitar la propagación del coronavirus. El presidente de la Región, Fernando López Miras, cargó contra la «irresponsabilidad» de los madrileños que «han entendido la cuarentena como unas vacaciones en la playa». Después de que el Gobierno central pospusiese al día de hoy las medidas, la Junta de Andalucía se planteaba medidas de confinamiento similares a las de la Región de Murcia.