El Gobierno movilizará el ejército y el sector privado para blindar al país

En una comparecencia institucional en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno, que recurrirá al artículo 116.2 de la Constitución Española: «En el día de hoy, acabo de comunicar al Jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario, para decretar el Estado de Alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días», anunció Sánchez nada más comenzar. El decreto de aplicación se aprobará hoy , y en el texto se incluirán todas las medidas que el Gobierno adopte. Porque el estado de alarma no es una medida en sí misma, sino la herramienta que habilita al Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales.

A Sánchez se le reclamaba dar este paso, para poder garantizar la coordinación de las medidas a adoptar. Por eso extrañó algo que el Gobierno no ha explicado: la decisión de no ejecutar ya en el día de ayer esta situación excepcional y esperar al día de hoy. Especialmente cuando uno de los problemas serios que se están produciendo en las últimas horas es que muchos ciudadanos no están siguiendo las recomendaciones de las autoridades de no viajar , principalmente desde la Comunidad de Madrid, hasta sus regiones de origen. Lo que puede suponer, ya se han contabilizado casos de contagio, una dispersión del virus desde las zonas de alta transmisión hacia diferentes zonas del país.

Los detalles que implicará la decisión se conocerán por tanto a lo largo del día de hoy. Pero de las palabras del presidente del Gobierno ya se sabe que su aplicación será en «toda España». Un detalle que no es menor. Y es que la Ley Orgánica 4/1981 regula el desarrollo de este precepto constitucional y que en su artículo 6.2 explica que «en el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días».

A partir de esas dos semanas iniciales, «solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga», reza dicho artículo. En la Constitución se establece, además, que el Gobierno deberá «dar cuenta» al Congreso , «reunido inmediatamente al efecto», del decreto donde se declare el estado de alarma.

Esta actuación excepcional se la pedía la oposición y se la demandaban muchas regiones y ayuntamientos que llevaban 48 horas gestionando con sus propias competencias la crecida exponencial de una crisis sin precedentes en nuestro país.

La apuesta por el gradualismo en la respuesta y por apostar como principal medida de contención del virus simples recomendaciones a la población civil ha saltado por los aires. Estas siguen siendo fundamentales, y a ellas apeló Sánchez cuando se refirió a que «hay un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto» y es que «la victoria depende de cada ciudadano en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su vecindario» porque « el heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía». Estas recomendaciones sanitarias y estas pautas de comportamiento siguen siendo fundamentales. Pero el Gobierno interpreta al fin que ya no son suficientes.

Sánchez pone fin a la estrategia del gradualismo y a su argumento de esperar a los criterios científicos. El Gobierno ya había dado por hecho que habría un repunte de contagios . Pero el propio Sánchez avanzó ayer que la próxima semana podrían alcanzarse los 10.000 contagios. «Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente Europa. Nos esperan semanas duras», dijo Sánchez.

Europa es ahora el epicentro de est a pandemia y España uno de sus principales focos . Por lo que diferentes fuentes gubernamentales apuntaban ayer a un cierre de fronteras. El presidente justificó que «la emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios».

El Gobierno aprobará hoy al amparo del estado de alarma «medidas que estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos», dijo el presidente.

En este punto se refirió a «los recursos económicos y sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares» para garantizar la protección de los ciudadanos, especialmente de las personas mayores y aquellos con padecimientos previos, que son los dos colectivos más vulnerables a los efectos del coronavirus. Y es que la elevada esperanza de vida en nuestro país en un handicap porque eleva el porcentaje de casos que pueden llegar a un escenario crítico en comparación con lo que ha sucedido en China, principal foco de la enfermedad. Apenas 72 horas antes de la comparecencia de Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , aseguraba que las primeras medidas, como el cierre de nuestro espacio aéreo a los vuelos procedentes de Italia, o el cierre educativo en la Comunidad de Madrid y País Vasco estaban pensadas para «no llegar al escenario de Italia» .

El propio Gobierno apuntó a mediados de la próxima semana para valorar el efecto de las medidas. Pero los acontecimientos han sobrepasado los planes iniciales del Gobierno y ayer Sánchez prometía medidas «para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia» . Aunque el Gobierno defendía una actuación diferenciada en las distintas zonas del país por el evidente desarrollo dispar del virus, con foco mayoritario en la Comunidad de Madrid. Pero esa actuación dispar ha derivado en algunos momentos en descoordinación y en administraciones apelando unas a otras . Las palabras de Sánchez apuntaron a que esto acabará hoy: «Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de las administraciones públicas»

El estado de alarma habilita a la existencia de un mando único para gestionar la crisis. Así lo dicta el artículo 9.1 : «Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza».

Nuestro país entra desde hoy en un escenario sumamente excepcional. Hasta ahora esta medida solo se había aprobado en el año 2010 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que hacer frente a la huelga de controladores aéreos. Y lograr movilizar así a los controladores bajo el mando de la autoridad militar y advirtiendo con delitos de desobediencia. La medida causó un efecto rápido tras aprobarse el 4 de diciembre de ese año, pero el Gobierno tuvo que pasar por el Congreso para lograr una prórroga hasta el 15 de enero y consolidar la normalidad. Pero aquel fue una crisis puntual que no afectó, como ya lo hace el coronavirus, a la actividad económica de todo el país y a la vida cotidiana de los ciudadanos.