La colecta secesionista solo reúne el 42% de la fianza del 9-N

La cantidad aportada por Mas, muy cercana a los alrededor de 2 millones de euros que consiguieron reunir ANC y Òmnium en su «caja solidaria» según informa Efe, corresponde exactamente al 42 por ciento del montante que el Tribunal exige -a él, a tres de sus consejeros y a varios funcionarios de la Generalitat- para cubrir, hasta que se resuelva el juicio, los gastos que esta consulta ilegal causó, en su día, a las arcas públicas de Cataluña.

Entre todos deben hacer frente de forma proporcional y solidaria a una factura de 5.252.948,17 euros , una cuenta en la que se incluyen los 4.831.599,03 euros que costó el 9-N, más otros 420.349,14 euros en concepto de intereses. Mas es el principal responsable, puesto que en el momento en el que se celebró la consulta era el presidente de la Generalitat, pero no es el único involucrado. También deben pagar los ex consejeros Frances Homs o Irene Rigau ; la que fuera vicepresidenta de Artur Mas, Joana Ortega ; y otros cinco funcionarios -Jordi Vilajoana, Lluis Bertrán, Josefina Valls, Jaume Domingo e Ignasi Genovés-, nombres que ya adelantó a finales del mes de septiembre este diario.

Una vez solicitada formalmente la medida de gracia al tribunal, la instructora del caso será la encargada de decidir si otorga o no más días de margen al ex presidente y al resto de altos cargos para cumplir con su deuda. Según explican fuentes conocedoras del caso, no sería una sorpresa que Mas recibiera algo de oxígeno en forma de una ampliación de los plazos , ya que es una medida habitual.

No obstante, jugará un papel clave en todo este proceso la locuacidad de los argumentos que esgriman los abogados del expresidente de la Generalitat para intentar convencer a la instructora. «Todo depende de la argumentación», recalcan estas fuentes, que también explican que estos plazos adicionales no suelen ser mayores que los márgenes iniciales estipulados por el requerimiento. Es decir, Mas tiene difícil que su petición para conseguir más días sea satisfecha en su totalidad, puesto que solicita 15 jornadas más para reunir el dinero cuando el órgano fiscalizador únicamente dispuso 15 días para reunir los 5,25 millones, que no ha conseguido por el momento pese a las donaciones que haya podido recibir.

Es cuestión de días que, una vez estudiado el informe adjunto al ingreso bancario que ayer realizó Mas, el tribunal haga público el nuevo plazo -si lo hubiere- para que los responsables políticos requeridos a pagar la fianza cumplan con sus compromisos.

Si una vez agotado el plazo -sea el inicial o el ampliado-, los señalados no hubieran sido capaces de aportar la cantidad acordada, sus cuentas y bienes quedarían embargados. Artur Mas, por ejemplo, desveló en 2013 que la cuantía de todos sus bienes ascendía hasta los 470.000 euros , una cifra sustancialmente inferior a la que tiene que enfrentarse en el desglose individual y proporcional de los gastos derivados del 9-N.

Concretamente, su liquidación personal se sitúa en los 2.105.314 euros, una cantidad que aumentaría si la cubriera con las donaciones de la «caja solidaria» que pusieron en marcha ANC y Òmnium para que los políticos relacionados con la consulta no perdieran todo su patrimonio. Y para que Mas no perdiera 2,1 millones de euros de sus cuentas, tendría que reunir nada menos que 5,8 millones .

Como informó ABC, el tipo impositivo al que estaría sujeto el presidente de la Generalitat sería el 32%, el más alto del impuesto de donaciones ya que la donación supera los 800.000 euros. Pero además, a este porcentaje se le aplicaría un coeficiente multiplicador «x2», lo que elevaría el tipo impositivo hasta el 64%. De esta forma, sólo en impuestos, Mas debería afrontar 3,7 millones de euros que se sumarían a los 2,1 que le corresponden.