CDC cobró comisiones por adjudicar una obra financiada por el Plan E

El aparcamiento en cuestión fue adjudicado por el alcalde convergente Daniel Massagué a la constructora Teyco a cambio de jugosas comisiones, incluido el 3% al partido, según la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) .

La obra fue adjudicada en abril de 2009 y tramitada con un procedimiento de urgencia, que implica trámites más laxos que el ordinario.

Un auto del juez Josep Bosch incorporado al sumario sostiene que «dicho procedimiento de contratación pública está, presuntamente, tachado de importantes arbitrariedades promovidas con la finalidad aparente de que la empresa Teyco fuera la adjudicataria de dichas obras» .

Además, el presupuesto aprobado, 2.216.015,51 euros más IVA , sufrió sobrecostes de unos 600.000 euros , por lo que supuso para a las arcas públicas alrededor de tres millones de euros.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción acredita que tanto el partido, CDC, como el alcalde del muncipio tarraconense recibieron sobornos a cambio de la obra.

La constructora, propiedad de la familia Sumarroca, cuyo patriarca, Carles Sumarroca , fue cofundador de Convergència junto a Jordi Pujo l , está siendo investigada en la causa del 3% y en el sumario de los Pujol, en la Audeincia Nacional, por el pago de facturas presuntamente falsas a Jordi Pujol Ferrusola .

En la operación de la Guardia Civil fue detenido Jordi Sumarroca, en cuyo domicilio había un manuscrito con obras públicas y su correspondiente tres por ciento, entre ellas el aparcamiento de Torredembarra pagado con los fondos del Plan E.

Los investigadores de la Guardia Civil dan a esta adjudicación una importancia clave en la causa. Un informe incorporado al sumario lo deja claro:

«No es baladí, y así lo considera esta instrucción, que el decurso de esta investigación se haya iniciado por una adjudicación fraudulenta de un alcalde de CDC, Massagué, a una empresa donante, Teyco. Que posteriormente ese empresario tenga en su poder en la caja fuerte de su dormitorio un documento tan revelador como es la anotación de dicha obra fraudulenta adjudicada con una anotación del 3% al lado, junto a otra anotación referida a unas cantidades ya concretadas como donaciones efectuadas a la fundación CatDem».

Además, el entonces alcalde, Massagué, cobró de distintas empresas del grupo Teyco un total de 1,4 millones de euros . Lo hizo a través de dos empresas que el político manejaba, Maes Flequers i Pastissers y Deloi. Se han acreditado nueve transferencias de sociedades de los Sumarroca -Teyco, Teycotel, Revi y Star Laws- que suman 1.431.528,80 euros. El juez considera que «carecen de toda lógica económica».

De hecho, Maes Flequers i Pastissers se dedicaba a la elaboración de pan y pasteles , productos que vendió a Teyco por 300.000 euros, un dato inverosímil .

Se investigan facturas y préstamos presuntamente falsos para encubrir las comisiones. Los 1,4 millones abonados corresponderían a la adjudicación del aparcamiento y a otras operaciones urbanísticas. Por contra, el grupo Teyco sostiene que algunas transferencias se realizaron para la puesta en marcha de negocios en común y que Massagué les debe dinero.

La documentación intervenida en las distintas fases de la investigación ha situado en el centro de la trama al tesorero de Convergència Democrática de Catalunya, Andreu Viloca , que controlaba adjudicaciones de administraciones gobernadas por CDC, un «trabajo» que no corresponde legalmente con el de gestor de una formación política.

La Policía Judicial concluye que «se asienta de manera contundente que Andreu Viloca , sin encontrar ninguna causa que lo motive dentro de sus atribuciones como administrador/tesorero de CDC, ha llevado a cabo un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de la obra pública y servicios concursados por diferentes administraciones (todas bajo la esfera de poder de CDC); bien sea ayuntamientos, bien diputaciones, consells u organismos dependientes de la propia Generalitat, y en paralelo un control sistemático de los pagos encubiertos, constituyendo ya propiamente cohechos bajo la pariencia de donaciones».