El CGPJ sopesa llevar a Europa el «atropello inconstitucional»

En el Consejo del Poder Judicial, doblemente vapuleado -por ser objeto de la reforma y porque se ignora su opinión-, ya se está calibrando una respuesta a lo que consideran un paso más del Ejecutivo para, amparado ahora en el Legislativo, «tomar el control de los jueces» como ha hecho en la Fiscalía General al poner al frente de la misma a la exministra de Justicia Dolores Delgado .

Fuentes del órgano señalan que «hay que ir con cautela» -la proposición aún no ha pasado el trámite de la admisión- pero se muestran firmes y convencidos de que la reforma «es inconstitucional». No obstante quieren que la respuesta del Consejo sea institucional , de forma que deje a un lado las distintas sensibilidades que están representadas en el órgano encargado de los nombramientos de la cúpula judicial. Es una cuestión de Estado, dicen.

Entre las opciones que se barajan está la de denunciar el «atropello» en Europa, donde si ya se duda de que el actual sistema de elección de los doce vocales jueces por parte de los políticos garantice esa necesaria imagen de independencia respecto al poder político -así lo expone de forma recurrente el informe Greco- , con esta reforma «se van a llevar directamente las manos a la cabeza. Habrá un toque de atención».

Recuerdan, además, que el hecho de qu e la reforma del CGPJ se tramite como proposición de ley (para sortear los informes que sí habría que pedir en el caso de que la iniciativa saliera del Consejo de Ministros como proyecto de ley) no supone ningún impedimento para que el Consejo deje constancia de la inconstitucionalidad de la reforma en un texto que puede enviar a las Cortes, a instituciones de la Unión Europea «o donde le plazca», con tal de denunciar esta «inédita intromisión», contraria, además, al derecho europeo.

Sobre la mesa está también la posibilidad de plantear un conflicto constitucional de atribuciones por la merma que de las mismas hace la proposición de ley cuando se trate de un CGPJ en funciones. No sería la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces utiliza esta vía: ya lo hizo el primer presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles , cuando en 1986 llevó al TC la modificación del sistema de elección de vocales de procedencia judicial.

Vocales tanto de perfil conservador como progresista se han ruborizado con una modificación que sale de las filas del Gobierno, donde recuerdan que hay tres ministros jueces que además han sido vocales en el Consejo General del Poder Judicial: el de Justicia, Juan Carlos Campo ; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska , y la de Defensa, Margarita Robles .

De ellos solo Campo ha hablado sobre esta reforma. Y lo ha hecho para justificarla: «el Poder Judicial no puede ser rehén del bloqueo». Sus palabras han acrecentado el malestar de un sector del Consejo. «Si lo de "rehén" quiere decir que su forma de solucionar un conflicto político es pisotear la Constitución , que devuelva la toga», señalaba ayer indignado un vocal indignado de este órgano.

Este sector era partidario ayer de consensuar una declaración pública sobre el «grave riesgo que esta reforma supone en la arquitectura constitucional». Se trata de una «auténtica usurpación de funciones» que la Carta Magna atribuye al órgano de gobierno de los jueces.

Sobre el obviar los informes de los órganos consultivos, fuentes del CGPJ consideran con ironía que es una muestra más de la «lealtad institucional» que está demostrando el Ejecutivo. «Una institución no puede ignorar las competencias de las demás», y más aún cuando la modificación que pretende llevar a cabo le afecta directamente. «El contenido de lo que se quiere modificar supone una violación manifiesta del principio de división de poderes», denuncian.

Otro de los órganos que habría tenido algo que decir al respecto es el Consejo Fiscal, donde entre los vocales electos tiene mayoría la Asociación de Fiscales -frente a la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Delgado-. Ayer no ocultaban su malestar por el «ninguneo» del Ejecutivo y recordaban que de una forma u otra su informe habría dejado constancia de que lo que quiere hacer el Gobierno «es lo contrario de lo que Europa reclama». Desde el Consejo de Estado, por su parte, eludieron pronunciarse sobre este asunto.