El CGPJ mantiene el pulso al Gobierno y seguirá con los nombramientos

El Consejo no se da por aludido ante la proposición de ley que pretende arrebatarle —mientras esté en funciones— una de las facultades que la Constitución le atribuye, y hasta que esa iniciativa no se traduzca en una norma que les vincule, no tienen intención de hacer lo que consideran que sería una «dejación de funciones» .

Fuentes del órgano opinan que la falta de acuerdo entre los partidos para la renovación no tiene que afectar a las legítimas expectativas del juez que quiere concurrir a alguna de las plazas vacantes ni al ciudadano que, como justiciable, se puede ver afectado por el incorrecto funcionamiento de los tribunales de justicia. Ayer, en su acuerdo, los vocales dejaban entrever el daño que haría al funcionamiento de la justicia el hecho de que no se cubrieran plazas durante un tiempo prolongado como consecuencia de la incapacidad de los partidos para renovar el CGPJ.

Lo cierto es que en contra de la imagen de politización que los partidos trasladan —en el sentido de que el CGPJ nombra en función de afinidades ideológicas—, los nombramientos de los últimos meses no han hecho sino desmontar esa afirmación. En los últimos plenos las plazas que se han sometido a votación han conseguido un respaldo histórico: de todos los vocales a excepción del exdiputado Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Para muestra, el Pleno del pasado 17 de diciembre, en el que por una abrumadora mayoría de 18 votos, el Consejo sacó adelante cuatro nuevos nombramientos. A los cuatro vocales progresistas que ayer votaron con el sector conservador se unieron entonces los dos progresistas de procedencia judicial (ayer discrepantes con el acuerdo del Pleno): Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga. De esta forma, todos los vocales jueces propuestos por el PSOE respaldaron entonces los nombramientos, lo que supuso un espaldarazo a que el CGPJ siga desempeñando sus funciones con normalidad , a pesar de las críticas del PSOE y de las reticencias de la asociación que les propuso: Jueces y Juezas para la Democracia.

En un comunicado fechado el pasado 18 de enero esta asociación mostró su desacuerdo ante la iniciativa de los diez vocales que pidieron al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes , la convocatoria de un pleno extraordinario (el de ayer) ante la negativa del Congreso a escucharles.

«Creemos —señalaba la nota— que debe limitarse la actividad del CGPJ en funciones, como se delimita en el caso del resto de órganos constitucionales, máxime cuando la actual situación de bloqueo en la renovación del CGPJ insta a tomar decisiones que reviertan dicha situación». La incógnita del próximo jueves reside ahora en saber si Mozo y Martínez de Careaga harán caso a esta asociación o si, por el contrario, volverán a participar en la votación de las plazas a cubrir.

Por otra parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer —en su reunión previa a la del Pleno— que el juez Manuel García Castellón, instructor en la Audiencia Nacional del caso Villarejo o Lezo, entre otros, cuente con Joaquín Gadea como juez de refuerzo. El togado se une así al también juez de refuerzo Alejandro Abascal, firme candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura en los conatos de renovación del próximo CGPJ. La decisión se tomó con el voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes, que deshizo el empate de cuatro votos a cuatro. Gadea ya ejercía de juez de apoyo en ese juzgado (el Central de Instrucción número 6 de la Audiencia), si bien no ejercía funciones jurisdiccionales.