El CGPJ intenta, por tercera vez, elegir a su presidente

Los 20 consejeros se reunirán de nuevo a las 9.30 horas con la intención de cubrir la vacante con un nombre que concite el acuerdo de la mayoría cualificada del órgano, es decir, que obtenga, al menos, 12 votos. Las casi quince horas de reunión repartidas en dos sesiones celebradas la semana pasada resultaron infructuosas para lograr un candidato de consenso entre la veintena de nombres (todos, excepto tres, magistrados del Tribunal Supremo) que fueron puestos encima de la mesa por los diferentes sectores en los que se ha fracturado el Consejo. La propia portavoz, Gabriela Bravo, reconoció al término del pleno celebrado el pasado miércoles que el proceso de elección es «complejo» y «dificultoso».

Tras innumerables votaciones, los aspirantes más votados en la última jornada fueron los magistrados del Tribunal Supremo José Ramón Ferrándiz , quien fue durante muchos años presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y el que fuera vicepresidente de esta organización José López García de la Serrana. Ambos obtuvieron, respectivamente, diez y nueve apoyos de los vocales que integran el Consejo, por lo que no alcanzaron el quorum requerido para ser designados como máxima autoridad judicial del país. Después de ellos los mejor posicionados fueron el también conservador y ex vocal de este órgano Benigno Varela y los progresistas Joaquín Giménez, Gonzalo Moliner y el exfiscal general del Estado Carlos Granados.

El nuevo presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ deberá hacer frente a las reformas legales anunciadas por Gallardón , entre ellas la que afecta al funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y que ha recogido la crítica de las asociaciones de jueces y fiscales de todas los sectores. El máximo responsable de la judicatura también deberá gestionar el malestar de los jueces, fiscales y funcionarios ante los recortes aprobados por el Gobierno y las medidas legislativas impulsadas por el Ministerio. El hartazgo ha llegado a tal punto que precisamente ayer anunciaron en una nota conjunta que crearán una comisión para canalizar las medidas de protesta, entre las que no descartan convocar paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos o huelgas.