El CGPJ archiva la denuncia contra los jueces que excarcelaron al etarra Troitiño

El etarra salió de la cárcel de Huelva el pasado 13 de abril, seis años antes de lo que le correspondía en aplicación de la «doctrina Parot» . Miembro del «comando Madrid», había sido condenado en 1988 a 2.232 años de prisión por atentados como el de la madrileña Plaza de República Dominicana, en el que ETA mató a doce guardias civiles e hirió a otros 44.

La Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces acordó a última hora del lunes no admitir a trámite esta denuncia al entender que se trató de una decisión adoptada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el ejercicio de sus funciones, y de la que se puede discrepar o no, pero no está sujeta a sanción disciplinaria alguna, según han informado fuentes del CGPJ.

La denuncia de Manos Limpias fue dirigida el 25 de abril contra los magistrados Alfonso Guevara , Guillermo Ruiz Polanco y Ángeles Barreiro , y en ella solicitaba la aplicación de medidas disciplinarias al considerar que habían incurrido en una falta muy grave de incumplimiento de sus deberes judiciales al dejar libre al etarra Antonio Troitiño. En el escrito de la denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato de funcionarios señalaba que los tres magistrados habrían incurrido con su actuación en una falta muy grave prevista en el artículo 417.14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales», aunque también consideraba evidente que se ha producido «negligencia e imprudencia grave» y «una vulneración del principio de seguridad jurídica».

Sobre este último aspecto, el escrito de Manos Limpias criticaba que el tribunal rectificara su decisión de excarcelar a Troitiño tan sólo seis días después de dejarle en libertad, lo que a su juicio produjo la certeza de que en un Estado de Derecho este principio básico «ha sido trasgredido presuntamente por aquéllos que deben ser los máximos garantes del ordenamiento jurídico».

El escrito también aludía al presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que según Manos Limpias tenía la obligación de haber establecido un criterio uniforme para computar la prisión preventiva antes de la excarcelación de Troitiño, «y no solucionar el problema una vez causados los hechos».

Se refiería el sindicato al hecho de que el Pleno para estudiar el recurso que presentó la Fiscalía contra la excarcelación se fijara en principio para el 25 de abril, si bien «dada la gravedad de los hechos» se decidió posteriormente que fuera la propia Sección Tercera la que resolviera la cuestión una semana antes, acordando revocar la libertad del terrorista.

«Debemos descartar que el estado de alarma socila, la presión e indignación de las víctimas y la confrontación política hicieron al Tribunal dictar otra resolución totalmente distinta, pues hubieran cometido prevaricación, al doblegarse a tales presiones en donde se pondría además en entredicho la independencia judicial», añadía el escrito.

Si la providencia de excarcelación era legal, según señaló el propio presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, «¿Por qué seis días después se rectifica y revoca? La respuesta es obvia, porque no era legal», afirmaba el sindicato de funcionarios.

Finalmente, Manos Limpias arremetía en su escrito contra la asociación Jueces para la Democracia, que defendió mediante un comunicado que no había motivo para solicitar sanciones disciplinarias. «Nos parece una injerencia intolerable en las funciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial», dijo el sindicato al respecto.

Aludió además a las declaraciones del que fuera ministro del Interior con el PP y actual vicepresidente del Grupo Popular Europeo Jaime Mayor Oreja en el sentido de que la fuga de Troitiño no es casual cuando hay negociaciones con ETA. «De ser cierta esta hipótesis, nos encontraríamos no ya ante una falta disciplinaria, sino ante un hecho presuntamente delictivo», concluyó.