El CGPJ acuerda el reingreso en la carrera judicial del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña

De Alfonso fue destituido por el Parlamento catalán el pasado 29 de junio al considerar que cometió un «grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones», a raíz de la divulgación de sus conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ambos ahondaban en casos de corrupción.

De Alfonso tenía una excedencia como juez de la sección séptima de la Audiencia, a la que podía volver cuando quisiera , únicamente solicitando su reincorporación ante el CGPJ dentro del plazo establecido. El día en el que fue destituido al frente de Antifraude, De Alfonso remitió una carta a los trabajadores de la agencia en la que se disculpaba por no haber estado a la altura: «si alguno piensa que yo no he estado a la altura, lo admito y le pido públicamente disculpas», informa Ep.

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advirtió del «daño» que causa a la justicia que se permita regresar a la carrera judicial a magistrados que han ejercido cargos públicos de confianza, como en el caso de De Alfonso. «Aceptar un cargo político o de confianza supone en todo caso entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción», advirtieron los jueces conservadores.

Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces tenía escaso margen de maniobra para impedir este reingreso en la carrera, porque según se explicó desde el propio Consejo, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no prevé suspensiones si no existe contra él orden de ingreso en prisión preventiva o causa en fase de procesamiento.

Fuentes del órgano señalan que De Alfonso debe incorporarse a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona dentro de los veinte días hábiles inmediatamente siguientes a su cese como director de la Oficina Antifraude de Cataluña, que fue acordado por el Pleno del Parlament de Catalunya el pasado 29 de junio. Ese plazo finaliza mañana viernes 22 de julio.