Camino del récord de una España en funciones

El compás de espera más largo que España ha vivido entre la celebración de unas elecciones y la investidura del presidente del Gobierno fue en 1996. Pasaron 62 días hasta que José María Aznar consiguió los apoyos necesarios y logró mayoría absoluta en una primera votación. En aquella ocasión, CiU, el PNV y Coalición Canaria votaron al líder popular tras dos meses de negociaciones.

El actual Gobierno en funciones batirá ese récord de 1996 si supera la fecha del 21 de febrero . El 20-D dejó un escenario complejo sin solución a la vista a corto plazo. Mariano Rajoy ha tendido la mano a la formación de un gran pacto junto al PSOE y Ciudadanos. Mientras, Pedro Sánchez, el líder socialista, no ha renunciado a intentar formar Gobierno con el apoyo de las fuerzas de izquierda.

Una vez constituidas las Cortes el pasado miércoles, comienza ahora la cuenta atrás para investir presidente. Este lunes el Rey empieza su ronda de consultas con las fuerzas políticas que concluirá con la reunión el viernes con Mariano Rajoy. Después, Don Felipe convocará al presidente de la Cámara, Patxi López, y propondrá al líder del partido más votado en las elecciones como candidato a la presidencia.

Rajoy tendrá dos oportunidades para ser investido: en la primera necesitará conseguir mayoría absoluta del Congreso. En el caso de que no la obtenga, habrá otra votación 48 horas después. Solo ha sido necesario en dos ocasiones recurrir a una segunda vuelta : José Luis Rodrígez Zapatero, en 2008, y Leopoldo Calvo Sotelo, en 1981. Ambos obtuvieron mayoría simple en la segunda votación.

Si Rajoy no consiguiera el respaldo necesario en ninguna de las dos votaciones, el Rey propondría a otro candidato que se someterá al mismo proceso. El reglamento del Congreso establece un plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha en la que el primer candidato se somete a la primera votación en la Cámara Baja.

En el caso de que las negociaciones se extendieran durante más de 60 días, se daría un caso inédito en España. El presidente del Congreso tendría que presentar al Rey un Real Decreto para la disolución de las Cortes y la fijación de una nueva fecha para las elecciones.