Borràs se niega a declarar ante el Supremo sobre los 18 contratos a dedo a la espera de una pericial

Borràs se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez Eduardo de Porres , que la investiga por delitos de corrupción y ha supeditado su declaración a la práctica de una prueba pericial en relación a esos contratos, en concreto a cuestiones como la constatación de si los trabajos contratados se llevaron a cabo o cuánto habrían costado si se hubiesen encargado a otra persona distinta al empresario Isaías Herrero , su amigo, imputado también en esta causa.

Arropada por un nutrido grupo de independentistas que Coreaban consignas como «No es justicia, es venganza», Borràs se ha presentado ante los medios como víctima de una «investigación prospectiva» en la que se han «vulnerado todos mis derechos». «El Supremo en vez de reprobar a la juez (de Manresa) que llevó a cabo esta investigación me cita a declarar antes de pedir el preceptivo suplicatorio», ha dicho en relación a la citación del pasado 14 de febrero, en el que se le ofreció, como suele ser habitual en El caso de aforados, declarar voluntariamente.

«No voy a colaborar con la injusticia», ha insistido en compañía de su abogado, Gonzalo Boye, El mismo que el de Torra y Puigdemont. Eso sí, cuando esa pericial esté vendrá a declarar «voluntariamente».

Borràs debe responder por las presuntas irregularidades relativas a 18 contratos de esta institución por valor de 259.863 euros y que fueron adjudicados a un amigo personal, Isaías Herrero, a quien se investiga en este mismo procedimiento.

De Porres ya citó a Borrás el pasado 14 de febrero para que prestara declaración voluntaria, si bien la diputada optó por no acudir a la citación. Esta vez también ha intentado posponer su citación a la espera de una pericial, pero el instructor lo ha denegado.

La investigación, iniciada en el Supremo a raíz de los indicios desgranados por una juez de Manresa (Barcelona) en su exposición razonada, apunta a una posible prevaricación en las resoluciones dictadas por Borrás que dieron lugar a la omisión injustificada de los trámites esenciales del procedimiento administrativo, lo que en espera de poder escucharla en declaración «carece de toda explicación jurídica y evidencia la exclusiva voluntad de favorecer los intereses» de su amigo Herrero, ocasionando con ello un resultado materialmente injusto, según expuso el magistrado en su exposición razonada al Congreso. Igualmente, el juez encuentra indicios de malversación y de fraude administrativo y documental.

Según el fiscal, existen indicios de que Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes. Así, el amigo de Borràs aportaba al procedimiento de adjudicación tres presupuestos de los que algunos eran falsos o simulados, al no ser realizados por las entidades ni por las personas físicas indicadas y que además incluían conceptos o importes adecuados para que fuera él quien resultara adjudicatario, bien directamente o bien a través de las entidades investigadas, muchas de ellas cooperativas.

El hecho mismo de falsear los presupuestos presentados, según señalaba De Porres en su escrito al Congreso, «permite concluir que ha existido un claro perjuicio para el erario público al resultar imposible determinar el trabajo realmente realizado y su valor económico, en base a unos conceptos e importes inventados y que finalmente se trasladaban a las facturas presentadas al cobro, directamente e indirectamente por Isaías Herrero».