Bárcenas reconoce que llega sin pruebas al juicio de la caja B

El extesorero venía diciendo que no tenía «nada que perder». En un escrito a la Fiscalía, señalaba al expresidente Mariano Rajoy como «perfecto conocedor» de la contabilidad paralela y advertía de la existencia de una cinta en la que quien afirmaba lo mismo era el contable anterior, Alvaro Lapuerta. También daba a entender que conservaba más pruebas.

Sin embargo, de la intervención de su abogado resultó que la grabación lleva ocho años en las hemerotecas sin trascendencia penal. Que los «documentos» y «pendrives» que dinamitarían al PP de su época se los robó la Kitchen -aunque acabada aquella operación, en 2015, declaró que tenía un arsenal-. Y que las revelaciones sobre el pago en negro de la reforma de la sede del PP en Madrid que iba a exponer ante el tribunal ya están en las conclusiones de los investigadores , con los que no colaboró. Quedaría su palabra y frente a ella, el PP pidió al tribunal que se acepte como prueba una batería de sentencias que tiran por tierra su credibilidad.

Con estas mimbres arrancó este lunes el esperado juicio oral abierto con un auto que repasa veinte años de funcionamiento de una supuesta contabilidad paralela nutrida con donaciones de grandes adjudicatarias cuya generosidad está siendo investigada en una pieza aparte en la Audiencia Nacional . Sobre la mesa, hechos muy concretos, como resumía el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral. El pago con dinero negro de más de un millón de euros a Unifica por las obras en la sede de Génova 13 que habrían acordado entre los constructores, Gonzalo Urquijo y Belén García; el propio Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez. Se añade la venta de acciones de Libertad Digital compradas con la misma hucha que se habría embolsado Lapuerta con venia de Bárcenas.

Para el PP, que acude como responsable civil subsidiario, acusaciones por delito fiscal, como el impago del Impuesto de Sociedades por el millón de euros en donaciones que contenía esa caja en 2008 y que no declaró. Anticorrupción pide aplicar la doctrina Botín , pues sólo las acusaciones populares señalan este delito y la jurisprudencia les niega legitimidad para actuar en nombre de Hacienda.

Contra esas acusaciones populares cargó el abogado del PP, Jesús Santos, por su vinculación directa o indirecta con partidos políticos. Afirmó que les mueven fines espurios y reclamó retirar sus escritos de acusación, que apuntan organización criminal y asociación ilícita, por «extralimitados».

De esas acusaciones emanó una lista inicial de testigos que incluye al propio Rajoy, como también a José María Aznar, María Dolores de Cospedal y Ángel Acebes, como «presuntos destinatarios de complementos salariales» de la caja B , asunto que no es objeto del juicio y por el que no fueron llamados durante la instrucción. «Lo único que se pretende al traer a la vista a expresidentes del gobierno y secretarios generales del PP es el desgaste y el escarnio del adversario político, tener el titular mediático ese día y convertir este tribunal en un circo mediático», aseguró el letrado.

No era la primera vez que «circo» resonaba en la sala. El abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, dijo no ser amigo de ese tipo de espectáculos cuando justificó por «coherencia procesal» su petición de que Rajoy declare como testigo. Se basaba en el mencionado escrito enviado por su cliente a la Fiscalía en el que le involucra en la caja B del partido. Propuso al tribunal acordar «un careo» entre ambos si se detectan «contradicciones».

Galán insistió en que ese escrito no obedece a un cambio sino que su cliente sigue «una determinada línea» que ya marcó en su primera vez ante la Audiencia Nacional en julio de 2013 con «una declaración expansiva y detallada». Concedió, no obstante, que cuenta con «un déficit» para «verificar su credibilidad», a saber: tenía «una ingente documentación, papeles, anotaciones, pendrives» que le han sido «sustraídos» por la operación Kitchen.

Para suplir esa carencia, solicitó llamar como testigos a tres periodistas que han escrito sobre Bárcenas y reveló de paso que uno de ellos, Francisco Mercado, era el misterioso poseedor de la grabación que implicaría a Rajoy . La cinta tiene ocho años y la grabó durante una entrevista publicada con el difunto tesorero Álvaro Lapuerta. No dijo que fuese a aportar el audio, sino que un cuarto periodista podía atestiguar su existencia.

El abogado del PP denostó la pretensión y urgió al tribunal a repensar las testificales antes de seguir con el juicio ante una posible «lesión injustificada al derecho al honor» del partido.

En la jornada de este martes, la Sala escuchará el parecer del resto sobre las cuestiones planteadas, como la nulidad que insta el exgerente Cristóbal Páez. Su defensa argumentó que le han sentado en el banquillo por nueve delitos cuando en instrucción, se le imputaron dos. Solicitó además la suspensión de las sesiones, pues está enfermo de coronavirus, como él mismo atestiguó por videoconferencia, con 38 de fiebre, desde su casa.

Mientras, los constructores piden el sobreseimiento por prescripción. «Esto es una guerra entre el PP y Bárcenas» , alegaba una de sus defensas. Piden salir del fuego cruzado.