El TC avala por unanimidad la financiación de la Comunidad Valenciana

La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, rechaza que vulnere el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución Española ni tampoco la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 2016 recoge las transferencias por Fondo de Suficiencia Global a las Comunidades Autónomas. En su recurso, el Consejo de Gobierno de la Generalitat había solicitado que se anulara la cuantía correspondiente al Fondo de Suficiencia Global negativo de la Comunidad Valenciana –es decir, transferencia de la Comunidad al Estado–, por importe de 1.329.533.560 euros, incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, y que se incrementara en idéntico importe la financiación correspondiente a dicha Comunidad Autónoma.

La Generalitat entiende que la LPGE impugnada prorroga indebidamente el periodo quinquenal previsto para la vigencia del sistema de financiación autonómica, de lo que se derivaría la vulneración del art. 9.3 de la Carta Magna y del 2.1 g) de la LOFCA.

La sentencia rechaza que el sistema de financiación configurado en la ley de financión autonómica haya perdido su vigencia, «sencillamente –afirma-, porque no hay norma alguna que así lo disponga». Por tanto, estará en vigor mientras no se derogue «por la normativa rectora de un nuevo sistema», concluye.

El TC recuerda que lo que la LOFCA prevé es que transcurrido el período quinquenal, se realice una valoración de los efectos del sistema con vistas a plantear una posible revisión del mismo que, en cualquier caso, deberá ser sometida previamente, «a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (…)».

El Pleno rechaza que se haya vulnerado el art. 9.3 de la Constitución. En primer lugar, porque «al dar cumplimiento a una normativa reguladora del sistema de financiación autonómica plenamente vigente, la LPGE 2016 no viola el principio de seguridad jurídica»; y, en segundo lugar, porque «el propio reconocimiento que hace el Gobierno Valenciano de que la LPGE 2016 se ajusta al vigente sistema de financiación, deja sin base la alegación de arbitrariedad del legislador presupuestario».

Respecto a la vulneración de varios preceptos de la LOFCA que, a juicio del Gobierno valenciano pone en peligro la prestación, en el territorio de la comunidad de los servicios públicos fundamentales, la sentencia recuerda que la Constitución prevé que, con carácter extraordinario, puedan establecerse asignaciones en favor de las Comunidades Autónomas con el fin de garantizar el nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales. El actual modelo de financiación autonómica ha dado cumplimiento a este mandato constitucional mediante la creación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que se repartirá entre las CC.AA. según los «recursos disponibles» y no en función del «gasto real». Es decir, explica la sentencia, el sistema no asegura para ninguna Comunidad Autónoma «un volumen de recursos tal que alcance el nivel medio de gasto real en servicios públicos» pues, como ya ha señalado el Tribunal en anteriores sentencias, «no existe un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos existentes (…) se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación».