La Audiencia Nacional defiende la «independencia» de la juez que encarceló a Junqueras

«Las decisiones adoptadas en los procedimientos aludidos responden exclusivamente a los motivos recogidos en las propias resoluciones», expresa la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que alude a una declaración del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueves, del pasado 19 de octubre. Aquel día, el CGPJ respaldó a Lamela por su decisión de encarcelar también a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart , los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. «Los jueces y tribunales actúan con estricta sujeción a la ley y al Derecho en su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Los «Jordis» fueron enviados a prisión para evitar que entorpezcan la investigación por sedición.

La Sala de Gobierno -formada por los presidentes de las Salas de lo Penal, de lo Contencioso y de lo Social, el presidente de la Audiencia Nacional y otros tres magistrados- expresa en su escrito que la normativa internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos proclaman «la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad». El tribunal aprobó este posicionamiento tras reunirse ayer lunes.

La Audiencia Nacional lamenta las presiones a la magistrada por sus decisiones. «Quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho», expresan, en alusión a los comentarios contra Lamela.

La juez Lamela acordó el ingreso en prisión preventiva de Oriol Junqueras y otros siete antiguos consejeros de la Generalitat para evitar que entorpezcan la investigación por rebelión, o sedición, y malversación. La magistrada aprecia que concurren todos los riesgos que busca evitar esta decisión: que los investigados se fuguen, que destruyan pruebas o que continúen delinquiendo. La prisión preventiva supone encarcelar a una persona que todavía no ha sido juzgada ni condenada, y es una medida excepcional prevista en la ley.