Asociaciones y sindicatos de periodistas rechazan las imputaciones, «un ataque a la libertad de información»

«Es un ataque a la libertad de información que garantiza la Constitución y además contradice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)», ha asegurado a Europa Press el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel , quien ha rechazado la decisión del juez de citarles como imputados «solamente porque informaron de un sumario».

Yanel ha defendido que «los periodistas están obligados a informar de un tema, aunque esté declarado judicialmente secreto, cuando se trata de un asunto de interés general como este», y ha añadido que el delito de revelación de secretos «lo pueden cometer, en su caso, los funcionarios encargados de la custodia, pero nunca el periodista que informa de ello».

Además, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha advertido de que el juez «no va a conseguir nada» porque a los periodistas imputados «les ampara el secreto profesional que prevé la Constitución».

En esta misma línea, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha asegurado que la federación «rechaza» la imputación de periodistas por informar sobre el sumario de los CDR.

«Es un claro atentado a la libertad de prensa», ha destacado Rodríguez en un comentario publicado en Twitter, donde añade que «la ley castiga a los que filtran y no a los que reciben la filtración». «Si se trata de averiguar la fuente de la filtración, nos ampara el derecho al secreto profesional», ha zanjado.

La FAPE ha emitido un comunicado en el que insta al juez Juan Carlos Peinado a levantar la imputación de los periodistas, «en beneficio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales» del sistema democrático español.

De este modo, ha manifestado que los periodistas «no cooperan en la revelación de secretos, como señala el magistrado, sino que ejercen su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general ».

Por otro lado, ha recordado que el Código Deontológico de la FAPE establece que el secreto profesional «solo puede vulnerarse en los casos en que la fuente ha mentido fehacientemente o si la información puede derivar a un crimen o un delito muy grave».

También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que preside Juan Caño desde este martes, ha rechazado la citación judicial como investigados de los 12 periodistas y considera que «quienes tienen que guardar silencio son los funcionarios y no los periodistas, cuyo deber es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público».