Un juez imputa a 12 periodistas, dos de ABC, por informar sobre el sumario de los CDR

Se considera delito de revelación de secretos cuando la autoridad o funcionario revelara secretos o informaciones que tenga conocimiento por razón de su cargo, y que no deban ser divulgados. Se castiga con multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo público de 1 a 3 años. Si esa revelación causara un perjuicio grave a la causa pública o a un tercero, se agravarán las penas con prisión de 1 a 3 años y con inhabilitación especial de empleo de 3 a 5 años.

Las diligencias abiertas por el instructor de Madrid son fruto de la investigación que habían solicitado las defensas de los detenidos en la «operación Judas ». Los abogados entienden que la revelación de datos a raíz de las detenciones, que tuvieron lugar el pasado 23 de septiembre, lesionó los intereses de sus clientes y por ello solicitaron la apertura de una pieza separada en el marco del sumario en el que el juez investiga a miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR. Los siete arrestados están en prisión por preparar presuntamente acciones violentas como respuesta a la sentencia del «procés», que se notificaría el 14 de octubre. El juez Manuel García Castellón les imputa delitos de pertenencia en organización terrorista, conspiración para estragos y tenencia de explosivos.

La Fiscalía se opuso a que lo que las defensas tildaron de «filtración masiva» se instruyera en la Audiencia Nacional, al entender que no era competente para ello, e informó a favor de que se abrieran diligencias, pero en los juzgados de Plaza de Castilla.

El levantamiento del secreto de sumario reveló la veracidad de las informaciones que durante aquellos días publicó ABC , tales como que los CDRofrecieron cobertura logística a la hermana del expresidente fugado Carles Puigdemont en un encuentro que se produjo con un coche en marcha; el hallazgo en manos de los detenidos de planos del cuartel dela Guardia Civil de Canovelles o el asalto al Parlament en el que, según uno de los arrestados, iban a contar con el apoyo del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Esta información fue portada de este diario el pasado 28 de septiembre.

En ella ABC revelaba que uno de los dos acusados que admitieron parte de los hechos imputados –la compra de material explosivo y la realización de pruebas– explicó ante el juez que el «día D» desde dentro del Parlament les iban a facilitar la entrada en la cámara regional, e involucró en ello a Torra, el actual presidente de la Generalitat, quien el mismo día del ingreso en prisión de los detenidos pidió a gritos su libertad.