El «arrepentido» de la Púnica aporta una contabilidad B con pagos al PSOE e IU

Los cuadernos se libraron de la quema de documentación que él mismo reconoció haber perpetrado «en una noche de niebla» ante el chivatazo de un agente de la Guardia Civil que alertó al exconsejero madrileño y exlider regional del PP Francisco Granados de que estaba siendo investigado por esta trama de corrupción.

También pasaron desapercibidos a lo largo de la investigación dado que según explica en un escrito adjunto remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, se descartaron porque contenían códigos que los agentes no sabían identificar y porque los hechos se remontan a fechas previas al año 2002, por lo que estarían prescritos.

Con todo, ha puesto esta documentación a disposición del juzgado que apuntalaría, por un lado, que la corrupción en determinadas regiones de la Comunidad de Madrid era sistémica ya antes de las fechas a las que se ciñe la investigación sobre la Púnica, que el modus operandi siempre era el mismo y que no había distingos de partidos, como se ha constatado a lo largo de la instrucción.

La documentación, adelantada por El Mundo y Nius y a la que ha tenido acceso ABC, refleja pagos a los grupos socialistas en Pinto, Parla, Valdemoro y Aranjuez por importe superior a los 613.000 euros en el año 2002, sin incluir conceptos genéricos de regalos a políticos u otros más concretos, como 3.485,00 euros que Marjaliza consignó en sus libros y que explica como «un regalo de Navidad que solicitó D. José Antonio Alonso para la compra de un cuadro para D. Tomas Gómez, Alcalde de Parla». En el caso de Izquierda Unida, constan 15.025 euros pagados a la formación en Valdemoro.

De hecho, la Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez instructor que le permitiese recabar documentación sobre el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el exalcalde 'popular' de esa localidad, Francisco Granados, en el año 2004. Quería conocer en concreto si entre los años 1999 y 2000 se desplegó una actividad delictiva de cara a la aprobación de ese plan posterior. El instructor descartó esta diligencia por considerar que en todo caso, los hechos estarían prescritos, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio Público al entender que la averiguación sería «pertinente».

En este contexto, las anotaciones de Marjaliza apuntan a que una de sus empresas pagó «17 millones de pesetas» en diciembre de 1999 y «otros 17 millones de pesetas» en enero del año 2000 a Francisco Granados por 20 parcelas en la Operación El Airón, una promoción en Valdemoro.

Igualmente, detalla el pago por «intermediación compra parcelas U012A, U012B y U012C por cuantía de 45 millones de pesetas a Francisco Granados Lerena en fechas 12 de septiembre de 2.000 y 3 de octubre de 2.000» en Valdemoro y otros «30 millones de pesetas» con el mismo destinatario «por la adjudicación por concurso público de la parcela del Sector 4 RESTON D.1.2C. Uso hotelero».

En la misma línea, afirma y recoge en sus anotaciones «se pagaron 25 millones de pesetas a Francisco Granados por la aprobación del cambio de uso/estudio de detalle para la instalación de una gasolinera, actualmente ubicada en la calle Aguado esquina Avenida de España », de Valdemoro, en enero de 2002.