Aplazado sin fecha el juicio contra el Pequeño Nicolás por calumniar al CNI

El «pequeño Nicolás» ya fue condenado en 2016 a una multa de 4.320 euros por calumniar al CNI al decir que había pinchado su teléfono. La Audiencia Provincial obligó a repetirlo incorporando la declaración en el plenario, entre otros, del comisario jubilado Eugenio Pino , ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

El pasado 31 de enero, una vez iniciado el nuevo juicio, el Juzgado Penal número 16 de Madrid aplazó la vista hasta las 9.30 horas del 15 de febrero con el visto bueno de la fiscal y del abogado del Estado.

En un principio, la médico forense de los Juzgados madrileños se hizo cargo de realizar a Francisco Nicolás un nuevo informe médico, pero ésta ha delegado para que la prueba la practique un especialista, según informa a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez informará a las partes cuando haya fecha para reiniciar la vista.

En un giro a su estrategia de defensa mantenida en las diversas causas abiertas contra él, la defensa de Francisco Nicolás presentó un informe médico que supuestamente acredita que su cliente sufre un trastorno psiquiátrico que podría explicar sus actuaciones haciéndose pasar por alto cargo del Estado con contactos con el Gobierno, el CNI o la Casa Real. De ser así, podría alegar que es inimputable.

Francisco Nicolás abandonó el 31 de enero el Juzgado junto a su abogada explicando a los medios que no quería hacer declaraciones porque «no se encuentra bien». El joven está acusado de un delito de calumnias con publicidad contra el CNI , a quien acusó de pinchar su teléfono de forma ilegal.

Tras su detención el 14 de octubre de 2014, un informe forense del Juzgado de instrucción número 24 de plaza de Castilla observaba que Francisco Nicolás sufría «una florida ideación delirante de tipo megalomaniaco». El joven se embarcó en una batalla jurídica con varios frentes, algunos aún pendientes de resolución, en paralelo a la exposición en los medios de comunicación.

La titular del Juzgado de instrucción 24, Mercedes Pérez Barrios , señaló en su auto de 17 de octubre de 2014 en el que decretó la puesta en libertad que «no acertaba a comprender como un joven de 20 años, con su mera palabrería, pudo acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar de su conducta», ya que se valía de placas policiales y de firmas de autoridades del Estado, además de la elaboración de informes supuestamente oficiales.