Dos altos cargos de Jordi Pujol serán condenados a dos años de prisión por corrupción

El antiguo consejero de Presidencia de la Generalitat Prenafeta, y el exconsejero de Economía Alavedra reconocieron que cobraron comisiones a cambio de mediar a favor de la trama d irigida por el antiguo diputado del PSC Luis Andrés García, alias Luigi, empleando para ello sus contactos políticos en Cataluña. El Ministerio Público, que en un principio pedía seis años de prisión para ellos, les acusa de dos delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales . Por confesar, la fiscal ha rebajado su acusación a dos años de cárcel, lo que evitará que los dos antiguos hombres fuertes de Pujol ingresen en prisión.

Para que resarzan el perjuicio económico causado en las arcas públicas, el Ministerio Público también solicita que Prenafeta, amigo de Artur Mas, abone una multa de 5,83 millones de euros , y pide que se le incauten 5,19 millones de euros por las ganancias ilícitas conseguidas con los delitos confesados. Alavedra, cuyo reconocimiento de los hechos condicionó la estrategia de Prenafeta, deberá abonar una multa de 3,24 millones de euros y le serán decomisados otros 3,24 millones de euros. Si no abonan las multas, podrán ser sometidos a arresto domiciliario y dos empresas (Poliafers y Versabitur) responderán si no pagan.

En la vista oral, Alavedra reconoció ante el tribunal que su función era encontrar compradores para los suelos recalificados de forma irregular en San Andrés de Llavaneras y Badalona, una misión por la que se repartían las comisiones junto a «Luigi», el capo de la red corrupta, quien «obtuvo cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones», sin ninguna justificación, al corromper el urbanismo en los tres municipios. En la antesala del cierre del juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha elevado su petición de pena para «Luigi» de 8 años a 13 años de cárcel, un horizonte penal sobre el que deberán decidir los tres jueces del tribunal.

El Ministerio Público también endurece su tesis sobre el antiguo alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz , cuyas fechorías quedaron evidenciadas en el juicio en el interrogatorio de la fiscal. Para el antiguo regidor, a quien las escuchas telefónicas dejaron en evidencia por haber permitido que la trama dirigiera el urbanismo en su consistorio, la fiscal pide ahora ocho años y cuatro meses de cárcel, cuando al inicio de la vista solicitaba seis años y diez meses. Muñoz recibió una comisión de 1,72 millones y un ático.

Tras la tesis final de la Fiscalía, el tribunal resolverá en sentencia el desenlace, en el que condenará a Alavedra y Prenafeta a dos años de prisión, al existir un pacto entre sus defensas y el Ministerio Público.