Admitida la querella contra el despacho que fundó Montoro

Por parte del despacho, querellado también como persona jurídica, fueron denunciados su presidente, Ricardo Martínez Rico , que fue secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro durante el Gobierno de Aznar; Salvador Ruiz , ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras , que fue director general del Gabinete Técnico en Hacienda; Manuel de Vicente-Tutor , exdirector del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria; y Ricardo Montoro , hermano del ministro que se quedó parte de sus acciones en 2008, cuando el político salió del despacho. Las vendió en 2012 al resto de socios, después del contrato investigado. Por parte de las Cámaras, los querellados son los entonces presidente del Consejo Superior de Cámaras - Manuel Teruel - y directora general - Carmen de Miguel -.

La querella sostiene que el contrato tuvo « un objeto indiciariamente simulado , dirigido presuntamente a retribuir con fondos públicos la intermediación de los socios de dicha mercantil con el Ministerio de Economía, para que se tramitase una nueva Ley de Cámaras de Comercio que garantizase la permanencia de las mismas». El Gobierno de Zapatero había retirado las cuotas obligatorias que las empresas pagaban a las Cámaras. Para que el Gobierno impulsara una nueva ley, Teruel y De Miguel recurrieron a Equipo económico «sin respetar la ley de Contratos del Sector Público». Antes, el presidente de las Cámaras se había reunido «con distintos miembros del gobierno a los que trasladó la inquietud de las Cámaras sobre su futuro». La fiscal sostiene que «presuntamente en dichos encuentros se condicionó la redacción y aprobación del texto normativo a la contratación de Equipo Económico».

La fiscal Carmen García asegura que las Cámaras estaban pagando por la influencia del despacho que fundó el actual ministro de Hacienda en 2006. Para enmascarar el verdadero objeto del «contrato espurio», se procedió a una «simulación concertada» que diera «apariencia legal».

Para que el Gobierno elaborara la nueva ley de Cámaras, los integrantes del despacho «se valieron presuntamente del hecho de haber ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración Pública y de su posibilidad de interceder con altos cargos públicos del Estado». La denuncia también sostiene que los documentos analizados muestran que «la iniciativa de contratar a Equipo Económico fue del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández ».

Manuel Teruel dijo a ABC que contrató a Equipo Económico por la «experiencia» que tenían en el Ministerio. Asimismo, reconoció que «todas estas asesorías» tienen «un gran «bisagra»». y aseguró que podía adjudicar el contrato sin sacarlo a concurso público porque no fue pagado con las cuotas camerales obligatorias que pagan las empresas, sino con «recursos propios de origen privado, no público».

Por su parte, Equipo Económico emitió un comunicado tras revelar ABC la interposición de la querella en el que ratificaban la «plena legalidad» de su actuación en un contrato pagado «con fondos privados». La nota atacaba con virulencia a la fiscal del caso, a la que acusa de «mala fe procesal» y de realizar «acusaciones falsas».

Los responsables del despacho fundado por el ministro Montoro aseguran que «la querella se basa en hechos falsos, y por tanto carece de todo fundamento jurídico, persiguiendo un objetivo distinto de la defensa de la legalidad».