Los abogados denuncian que el CGPJ no sanciona sus quejas

«Todas las quejas se archivan», señala Espejel. «Vienen a decir que al ser el juez quien dirige el juicio es lógico que tenga que imponerse». Lo que subyace bajo esta explicación es, en su opinión, «una desigualdad de armas tremenda». «El juez piensa que está por encima del bien y del mal y no se da cuenta de que el abogado no es inferior a él, es un operador jurídico más, tan necesario como él o el fiscal», apunta.

El Colegio de Abogados de Madrid sólo presenta ante el Consejo aquellas quejas que están respaldadas por más impresiones que la del abogado que se ha sentido ofendido. Por este motivo es fundamental que el denunciante aporte la grabación de la vista, en la que Espejel ha podido comprobar cómo, por ejemplo, un juez ordenó callar incesantemente a una letrada al grito de «le voy a tener que enseñar yo educación».

De cualquier forma, la defensora del abogado explica que en los tribunales hay continuas muestras de ese trato de superioridad pero los letrados son reacios a denunciarlo porque son órganos a los que van a tener que volver y tienen miedo a represalias.

Y es que sobre el juez sigue planeando a día de hoy un aura por el que «creemos que nadie nos puede tocar, que estamos exentos de la crítica», denuncia una vocal del actual del CGPJ . «Hay un reproche a un compañero y salimos todos a defenderlo en masa apelando a la independencia judicial. Independencia judicial es que nadie condicione tu resolución cuando vas a dictarla, pero ¿por qué no va a poder criticarse? », se pregunta esta profesional. «¿Tan pusilánimes somos los jueces que no aceptamos una crítica?», dice.

No es fácil que la denuncia contra un juez por retrasos en la tramitación de procedimientos (el motivo más común por el que se incoa un expediente disciplinario en el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces) acabe prosperando porque no en todos los casos ese retraso es imputable al titular del juzgado, sino a otros miembros de la oficina judicial, e incluso al problema estructural que arrastra la Justicia española. Así lo asegura Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura . No niega que entre los jueces haya cierto corporativismo, pero aclara que no todos los retrasos son achacables al juez.

«Aquí hay un problema de base –dice– y es que España tiene 12,6 jueces por 100.000 habitantes (cuando la media europea es de 19), que hay un índice de litigiosidad de 126 asuntos por 1.000 habitantes (a diferencia de los 80 de Alemania o los 101 de Italia) y que 730 órganos judiciales soportan una carga de trabajo superior al 150 por cien. Hay muchos jueces para los que la presión es insostenible y un juez tiene que estar en perfectas condiciones mentales para hacer su trabajo», señala.

Precisamente dos archivos de l os 41 expedientes incoados por el CGPJ en 2016 contra jueces vinieron motivados por el estado de salud y el estrés laboral por el que atravesaba «circunstancialmente» el magistrado, ya que una vez constatada que «su dedicación existió realmente con el grado y alcance exigible en términos objetivos y constatables», el retraso producido, «por muy grande que sea, no puede ser objeto de reproche disciplinario», apunta la memoria de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces relativa a 2016.

Más allá de las quejas de las que se pueden derivar sanciones disciplinarias, los letrados presentaron en 2016 el 10 por ciento de las 10.720 que se registraron en el Consejo del Poder Judicial sobre el funcionamiento de la Justicia.