Sólo un 1,4 por ciento de los 1.035 jueces investigados son sancionados por el CGPJ

La mayor parte de las quejas sobre magistrados «se quedan por el camino»; en 2017 sólo se incoaron 34 expedientes, que se saldaron con 15 castigos

MadridActualizado:

El juez del caso Blesa, Elpidio Silva; Coro Cillán, por el cierre de la discoteca Moma en Madrid; el magistrado Baltasar Garzón, por las escuchas de Gürtel; el juez del caso Mari Luz, Rafael Tirado, o más recientemente Santiago Vidal, el artífice de la Constitución de la «república catalana»... Los togados sancionados por faltas graves o muy graves en el ejercicio de sus funciones se cuentan con los dedos de una mano y en muchos casos el castigo ha llegado tras saltar el escándalo a los medios de comunicación.

El último juez cuestionado es el autor del voto particular de la sentencia de la Manada, Ricardo González, miembro de una sección sobre la que la Audiencia de Navarra ya había puesto el foco por el retraso en sus resoluciones. El motivo, los cinco meses que este magistrado tardó en argumentar su discrepancia con el fallo de los Sanfermines, pese a ser causa con preso y, por ello, de tramitación preferente. Precisamente este mismo año se registró en el Consejo General del Poder Judicial una petición para que el servicio de inspección visitara las secciones segunda (el tribunal de la Manada) y tercera de esta audiencia provincial.

Retrasos en la tramitación

Aunque González no ha sido objeto de ningún expediente disciplinario en los últimos cuatro años, hace diez el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pidió iniciar un expediente de jubilación por incapacidad permanente al magistrado después de que llevara más de un año de baja.

Durante el pasado año sólo 15 de los 5.500 jueces que integran la carrera fueron castigados por el Consejo General del Poder Judicial, su propio órgano de gobierno. En cinco casos el motivo de la sanción fue el retraso en la tramitación de procedimiento o en el dictado de resoluciones; en cuatro, un «trato desconsiderado»; en tres, desatención en el cumplimiento de sus deberes; y en otros tres, falta de motivación de las resoluciones judiciales, incompatibilidad con el cargo de juez y revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, respectivamente. Ninguna de las sanciones impuestas fue la expulsión de la carrera, sino multa (en ocho casos) y suspensión de funciones (en siete).

En total fueron 34 los expedientes disciplinarios que se incoaron en 2017, siete menos que el año anterior y una mínima parte de las 500 quejas que fueron trasladadas al promotor de la acción disciplinaria del Consejo. A su vez, este medio millar de quejas forman parte de las 12.448 que entraron en el CGPJ en el año 2016 relativas a cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los juzgados y tribunales, a disconformidades con resoluciones judiciales o sobre el Registro Civil.

De esos 34 expedientes disciplinarios abiertos contra jueces, 11 fueron archivados por el promotor sin que éste llegara a formular propuesta de sanción y otros seis por la Comisión Disciplinaria (la competente para decidir sobre los expedientes por infracciones graves o muy graves). De los 17 restantes, 15 son los que finalizaron con sanción y los otros dos continúan en tramitación, según datos facilitados por el propio Consejo.

En términos porcentuales, las 15 sanciones representan un 1,4 por ciento de las investigaciones (diligencias informativas) abiertas a jueces por posibles responsabilidades disciplinarias. ¿Infalibilidad o corporativismo?

Los colectivos que diariamente se relacionan con la Administración de Justicia e incluso los propios jueces lo tienen claro: los togados se protegen entre ellos, aunque «políticamente» no sea correcto decirlo. «Hay un juez que ha sido suspendido al menos en tres ocasiones durante más de un año y cada vez que se reincorpora a un destino nuevo, lo vuelve a hundir», señala un exvocal del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, no se hace nada. Decretar un expediente de jubilación por incapacidad permanente supone, en el mejor de los casos, «rebajar a la mitad el sueldo a una persona que tiene una familia detrás. Le destrozas la vida», sentencia ese exvocal.

La figura del Promotor

La creación de la figura del promotor de la acción disciplinaria en la reforma del CGPJ que llevó a cabo el exministro Ruiz-Gallardón en 2013 -y que ha estrenado el mandato de Carlos Lesmes al frente del Consejo-, tampoco ha ayudado a que salgan a la luz estos casos. Persona de confianza del presidente, es él quien asume la instrucción, resolución de archivo o, en su caso, propuesta sancionadora de los expedientes disciplinarios.

Es decir, a la Comisión Disciplinaria no llegan todas las infracciones graves o muy graves, sino las que previamente ha filtrado el promotor: una mínima parte. Esto se traduce en que, a diferencia de los anteriores mandatos del Consejo, en los que la Disciplinaria tenía una ingente cantidad de trabajo, en el actual mandato apenas se reúne una vez al mes (en 2016 lo hizo en 19 ocasiones).

«La mayor parte de las quejas no llegamos a verlas», denuncian vocales de la Comisión Disciplinaria, compuesta por jueces y juristas. A ello se suma que con el anterior promotor de la acción disciplinaria, «los pocos expedientes que nos llegaban estaban mal tramitados o directamente caducados». «Ahora esto ha cambiado, pero seguimos viendo muy pocos. Infinidad de esas quejas se quedan por el camino».

Paradójicamente las resoluciones de archivo del promotor, es decir, la mayoría, son recurribles ante la Comisión Permanente del Consejo, que también preside Lesmes -y cuyos vocales son los únicos con dedicación exclusiva-, y no ante la Comisión Disciplinaria.

Diligencias informativas

Antes de incoar un expediente sancionador contra un juez -sobre la base de una denuncia de la que puede derivarse una responsabilidad en este sentido-, la sección de actuaciones previas abre diligencias informativas que, tras una investigación preliminar, concluye, en su caso, con la apertura de un expediente disciplinario. Pues bien, esta sección -dependiente del promotor- incoó 1.035 diligencias informativas en 2017. De ellas, solo 41 de tradujeron en expedientes disciplinarios.

Los motivos por los que un expediente se archiva son diversos, pero obedecen principalmente a que no se ha acreditado la responsabilidad disciplinaria denunciada, a que no ha sido suficientemente probado el trato desconsiderado por parte del juez denunciado o a que la falta ha prescrito, pues se trabaja con plazos muy cortos: seis meses entre la incoación del expediente y la sanción que, en su caso, se imponga.