La Fiscalía del Supremo abre una tercera investigación a Don Juan Carlos por blanqueo

Durante un encuentro informal con la prensa, en el que Delgado y Luzón han intentado exteriorizar la imagen de unidad del Ministerio Público después de las desavenencias entre ambos departamentos que ocasionó la filtración, la semana pasada, de la segunda investigación al anterior Rey también por blanqueo, ni uno ni otro han revelado ningún aspecto relativo al contenido de estas nuevas diligencias, aunque por el órgano del que viene la comunicación de los hechos, el Sepblanc, se trataría de otro supuesto blanqueo o delito fiscal, como ha reconocido el propio Luzón.

Esta tercera investigación se une a la ya abierta por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y la más reciente sobre posibles pagos con una tarjeta opaca del que se podrían haber beneficiado Don Juan Carlos y otros miembros de su familia. Tanto a estas segundas diligencias como a las terceras se incorporará el propio fiscal-jefe Anticorrupción, , según ha anunciado la propia fiscal general. Delgado ha justificado esta decisión en la categoría de fiscal de Sala de Luzón (la máxima de la carrera fiscal) y en razones de operatividad, pues Anticorrupción dispone de medios de los que carece la Fiscalía del Supremo.

Y mientras dos investigaciones se quedarán en el Supremo, la que sale de allí y vuelve a Anticorrupción es la de las presuntas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca , unas diligencias que, tras constatar la investigación que el Supremo ha llevado a cabo, no afectarían a Don Juan Carlos al gozar de inviolabilidad en el momento de los hechos, se trasladarán a la Fiscalía de la que salieron pues hay otros implicados que no están sujetos a aforamiento.

Sin aludir de forma expresa a la filtración de la segunda investigación a Don Juan Carlos la semana pasada, Delgado ha expresado su preocupación por la fuga de información en la Fiscalía, que, ha dicho, no puede permanecer pasiva cuando estas filtraciones se producen. En este sentido ha abogado por activar todos los mecanismos internos de Fiscalía cuando las conductas pueden ser objeto de sanción disciplinaria o constituir ilícitos de naturaleza penal, en relación a la revelación de secretos.