Cinco millones de euros regularizando cientos de chinos: la trama desarticulada por la Policía

La treta para burlar la Ley de Extranjería empleaba gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación en aras de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida. Por ellas, obtenían una contraprestación de entre 500 y 1.000 euros por cada inmigrante de origen chino al que conseguían la estancia en el país.

El entramado criminal, integrado por dos organizaciones asentadas en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara, disponía de ramificaciones en otras ciudades de España. Aunque realizaban su actividad de forma independiente, colaboraban de forma esporádica en función de intereses mutuos.

La forma de actuar de las mafias era mediante el contacto directo con los interesados en las regularizaciones fraudulentas. Los principales responsables de la red criminal eran quienes se comunicaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Además, una amplia red de colaboradores dotaba a ambas organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, facilitando contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.

La investigación, que ha contado con la colaboración de EUROPOL, se ha llevado a cabo en dos fases. La primera fase ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. La segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.