Agricultura mantendrá el trasvase pese a la amenaza legal de Castilla-La Mancha

El problema se ha iniciado con la llegada del nuevo gobierno del PSOE a Castilla-La Mancha. Hasta hace aproximadamente un mes, existía una paz al menos aparente en el siempre complejo conflicto del agua, en el que se había cerrado un acuerdo, en forma de memorándum, que firmaron el Gobierno Central y los de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Extremadura y Madrid, todos entonces en manos del PP .

Pero con los cambios de gobiernos derivados de los resultados electorales del 24-M -cuando el PP perdió muchas de sus mayorías absolutas-, entre ellas las de Castilla-La Mancha y Valencia. Y en la primera de estas comunidades, el nuevo presidente, Emiliano García-Page (PSOE) y su equipo consideran que los pantanos de cabecera del Tajo, los de Entrepeñas y Buendía, están por debajo de lo que sería el límite para prohibir los trasvases.

Estos embalses están ahora en 398 hectómetros cúbicos, un 16 por ciento de su capacidad . La reserva mínima fijada como límite estaba en 2013 en 240 hectómetros, pero se amplió en virtud del memorándum firmado por todos los gobiernos autónomos afectados por la cuenta y el Ministerio de Agricultura, hasta los 400.

No obstante, aclaran desde el Ministerio de Agricultura, esta ampliación no era inmediata, sino que se ponía en marcha de forma progresiva, durante un periodo de 5 años: en 2015 el límite a partir del cual nos e puede trasvasar agua está en 304 hectómetros cúbicos; en 2016 estará en 336 y en dos años se alcanzarán los 400.

Pero el gobierno castellano-manchego -que en este asunto tiene a su lado a la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía - se siente objeto de «un doble engaño»: cree que se hizo creer a la sociedad de esta región que se había elevado el umbral no trasvasable, y además se transmitió que esos 400 hectómetros «son suficientes para tener un río digno», pero este verano, denuncian, está demostrando que ni con ese caudal de agua «deja de ser la cabecera del Tajo poco más de lodazal».

En Valencia, el gobierno de Ximo Puig (PSOE) prefiere no agitar más las aguas y mantiene un prudente silencio, que sólo rompió para señalar que era partidario de mantener el trasvase «en los términos en los que está. Si las advertencias de su vecino castellano-manchego de llevar el tema a los tribunales prosperan, tal vez al presidente valenciano no le quede más remedio que «mojarse» en esta guerra.